Las responsables de Sanidad de la Delegación del Gobierno contradicen la tesis de la Guardia Civil sobre el 8-M

La Guardia Civil ha aprovechado la elaboración del segundo informe enviado a la juez del caso 8-M para interrogar también a las dos responsables del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Las dos funcionarias, a preguntas de los agentes, insistieron en que no les parece “extraño” que se permitiera la manifestación feminista del 8 de marzo en la capital, así como otras celebradas en aquellas fechas, ya que entonces no se tenía la misma información que ahora. Dos testimonios que contradicen la tesis principal del instituto armado, que afirma en sus escritos —donde se incluyen errores y especulaciones— que las autoridades sanitarias conocían la “gravedad de la epidemia” desde enero y que no se debía haber celebrado ninguna movilización desde el 5 de marzo.

Esta cuestión resulta fundamental en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, ya que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel trata de dilucidar si la Delegación del Gobierno contaba en aquel momento con “suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias” y, por ello, mantiene imputado por un delito de prevaricación al máximo responsable de ese órgano, el socialista José Manuel Franco. A este respecto, la directora del Área de Sanidad, médico de carrera, contó a los agentes que “en fechas próximas al 8 de marzo la información no era la misma y no se podían evaluar los riesgos” como ahora. Ella misma admite que, visto a día de hoy y con los datos de los que se disponen actualmente, consideraría “descabellado” celebrar esas movilizaciones y que pudieron ayudar a elevar los contagios, pero entonces “no le pareció extraño que no se suspendieran”.

En la misma línea se pronuncia la jefa del Área, también funcionaria: “En aquel momento no fue lo más oportuno, pero tampoco se tenían los plenos conocimientos actuales que tenemos de la covid-19 ahora”. Pese a estas palabras, en la parte del informe donde se plasman las conclusiones extraídas de ambas declaraciones, los agentes de la Guardia Civil obvian ese matiz y consideran que “el dato de interés principal” es que el Ministerio de Sanidad ya apreciaba entonces “posibles riesgos”. Un argumento que basan, por ejemplo, en que en aquella época ya se habían difundido algunos protocolos e informaciones en la Delegación del Gobierno sobre medidas de higiene y distanciamiento social, e incluso se había celebrado una reunión por videoconferencia para abordar aspectos relacionados con el coronavirus.

Estas consideraciones parciales del instituto armado, que ha incluido en su segundo informe el off the record de Irene Montero sobre la marcha del 8-M, se conocen después de que la Abogacía del Estado cargase ya contra los comentarios que vertía en el primer documento enviado a la juez. El órgano jurídico dependiente del Gobierno recalcó que las pesquisas de los agentes contienen un “claro sesgo acusatorio”, “deslizan continuas sospechas y comentarios suspicaces”, y no analizan “evidencias científicas, solo referencias mutiladas o parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica”. El informe forense encargado por la magistrada también concluía que “no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc.”

“Es manifiesto y notorio que, hasta el 14 de marzo, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas”, continuaba la Abogacía en otro escrito. Varios expertos consultados por El PAÍS coinciden en que la marcha del 8-M resultó marginal para la pandemia y consideran que, por ejemplo, fue más relevante el transporte público para la expansión del virus.

El caso 8-M ha revolucionado la política nacional, con la Guardia Civil como epicentro del seísmo. El primer informe del instituto armado enviado a la juez provocó el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que estaba al mando de la Comandancia donde trabajan los agentes que confeccionaron el documento. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, negó en un primer momento la relación entre la destitución y la causa, pero tras varias contradicciones acabó admitiéndolo.