El Defensor urge un protocolo policial sobre el uso de la fuerza tras los disturbios de Cataluña

Los graves disturbios registrados en las calles de Cataluña el pasado octubre tras conocerse la sentencia del procés y la actuación policial durante aquellos días ocupan un lugar destacado en el informe anual del Defensor del Pueblo remitido este miércoles al Congreso y al Senado. El documento considera que el uso que hicieron de la fuerza tanto la Policía Nacional como los Mossos d’Esquadra fue proporcional “debido a la intensa violencia ejercida en esta ocasión contra sus miembros”. No obstante, recuerda que “hay un debate social sobre la concreción de lo correcto en cuanto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza” cuando los agentes se enfrentan a ciudadanos que “ejercen resistencia pasiva o violencia activa ante una actuación legal de la policía”.

Por ello, la institución urge al Ministerio del Interior a elaborar “un protocolo de actuación [...] en el que se contengan instrucciones claras y precisas sobre la manera y las circunstancias en las cuales los miembros de Unidades de Intervención Policial deben hacer uso tanto de la fuerza como de las armas reglamentarias y de los materiales antidisturbios” en “las grandes concentraciones de personas y manifestaciones en lugares de tránsito público”. El objetivo ―señala el documento― es “reforzar la seguridad jurídica de los agentes y de los ciudadanos”. Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, recalca que la petición no es nueva, pero que “hasta la fecha no ha sido atendida” por los Gobiernos a los que se la ha planteado.

No es la única recomendación de la institución a Interior tras los sucesos de Cataluña. El informe también incide en “la necesidad" de que las Fuerzas de Seguridad hagan “un proceso de autoevaluación o juicio crítico posterior a las actuaciones policiales” en las “concentraciones o manifestaciones de riesgo”. El Defensor recuerda que ya hizo una recomendación en este sentido en su informe de 2016, pero que, como en el caso del protocolo, sigue sin ser atendido. Fernández Marugán recalca que el fin último de esta medida es “valorar la corrección o incorrección de la actuación policial [...] con el fin de evaluar lo acontecido y mejorar, en su caso, las prácticas”.

El Defensor ―que recuerda que remitió una carta a la comisaria europea de Derechos Humanos, la bosnia Dunja Mijatovic, en la que defendió la actuación policial aquellos días― admite que “los agentes encargados de mantener la seguridad ciudadana no pueden actuar de la misma manera en las manifestaciones frente a los ciudadanos que están ejerciendo libre y pacíficamente su derecho en la vía pública, frente a aquellos otros que, con extrema violencia, pretenden como fin último causar el mayor daño material a los bienes públicos como personal a los agentes”.

En su último informe, la institución vuelve a insistir “un año más” en la necesidad urgente de “reformar algunos aspectos” de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. El Defensor recuerda que desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la norma en 2015 ha realizado “varias recomendaciones" en este sentido que, en su opinión, "conservan actualidad”. La recomendación se produce en plena polémica por la aplicación por parte de las Fuerzas de Seguridad del artículo 36.6 de esta ley para sancionar a los que burlan el confinamiento. El Defensor anunció el pasado 18 de abril que había abierto una investigación sobre la política de multas de Interior durante el estado de alarma. Hasta el momento, el número de propuestas de sanción desde que estalló la crisis del coronavirus se acerca a las 900.000. Durante todo el año pasado, este apartado se utilizó para incoar 14.747 expedientes, de los que 12.443 acabaron en sanción, según detalla ahora el Defensor.

La institución incide en la necesidad de lograr “consensos suficientes” entre las fuerzas políticas para “abordar la reforma de los aspectos más polémicos buscando el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad”. Una petición que ya ha planteado en anterior informes, incluido el del año pasado con idénticas palabras. En concreto reclama la reforma de los artículos 20.2, 37 y 36.23 para que “no dificulten” los derechos de reunión y manifestación, y de expresión e información. Mientras esta llega, el documento incide en la necesidad de que las delegaciones del gobierno, responsables de resolver los expedientes, realicen “la práctica de todas aquellas pruebas que pudieran llevar a un mejor esclarecimiento de los hechos denunciados”. Para ello, el Defensor insiste en que se exija a los agentes que realizaron la propuesta de sanción que den “detalle y explicación concreta” de lo ocurrido, así como que concreten “con mayor exactitud la infracción cometida”.