Crisis del coronavirus

Juicios desde casa para desatascar la justicia

Un magistrado cántabro celebra el primer juicio íntegramente telemático para evitar contagios por coronavirus

Uno de los momentos del juicio telemático celebrado este lunes en Santander.
Uno de los momentos del juicio telemático celebrado este lunes en Santander.CHRISTIAN GARCIA /

La disputa entre el restaurante Puerto Chico y el Ayuntamiento de Santander por un toldo ha abierto este lunes el camino para agilizar los procedimientos administrativos en época de coronavirus con la celebración del primer juicio íntegro por vía telemática. La crisis sanitaria ha provocado que la Justicia busque nuevas vías para mantener su actividad. Granada y Basbastro (Huesca) han tenido juicios con conexión con las partes por Internet, pero con el magistrado en sede judicial. El magistrado Luis Acayro Sánchez, de la sala 2 del tribunal contencioso-administrativo de Santander, ha estado solo, sin ningún tipo de contacto. Jaime Anta, decano de los Juzgados de Santander, aplaude el nuevo formato: “Estando en pandemia, permite preservar la salud de partes y profesionales al no exponerlos al contagio”.

La sesión dura apenas 20 minutos. Sánchez se disculpa por los “primeros problemillas” y recuerda que en unas pruebas efectuadas el pasado jueves, con 11 asistentes no presenciales, no hubo fallo. “Ha salido razonablemente bien”, afirma satisfecho. La han seguido 32 personas entre colegas de toga, profesores universitarios, periodistas o abogados interesados en este nuevo mecanismo que ha experimentado algún retraso en la conexión.

El juez hace un ejercicio de paciencia en lo que parece un tutorial de YouTube sobre cómo iniciar una videollamada. Escucha y es escuchado por la letrada de una de las partes del juicio, pero no consigue verla. La pantalla gira, el sonido se interrumpe y por fin los asistentes ponerle rostro a esa voz. “El minuto de comprensión” que rogó el magistrado se convirtió en 23 para solucionar los problemas técnicos iniciales.

El desarrollo virtual de un juicio se apoya en tres pilares, sostiene Sánchez, gracias a que limita el coste para las Administraciones por realizarse mediante una aplicación; mantiene “al 100%” las garantías procesales, por permitir la intervención simultánea de las partes; y respeta las medidas sanitarias, sin riesgo alguno de contagio. Esta vez se trata de un procedimiento “de tramitación sencilla”, como más de la mitad de los procedimientos de lo contencioso-administrativo, añade, área particularmente centrada en tratar casos de “tramitaciones o licencias”.

El mecanismo, aceptado por la Abogacía del Estado de Cantabria, no se puede aplicar a lo penal por cuestiones legales, apunta, pero que las disquisiciones sencillas que se aborden así “ayudarán a descolapsar la justicia”. Asimismo, reivindica, contribuye a ahorrar costes y tiempo a aquellas empresas o particulares que desplazan a sus letrados desde otras ciudades. Y, lo más importante actualmente, impide el contacto humano.

Durante el juicio, Sánchez atiende cómo Pilar de la Hera, abogada defensora del restaurante santanderino Puerto Chico, reivindica que el Ayuntamiento local les obligó a retirar un toldo en una zona de almacén y mesas. Las incógnitas por la vida posterior a la pandemia conllevan que, según ella, el resultado de la causa sea crucial para que los propietarios decidan reabrir el negocio. Recibir malas noticias en el procedimiento, cifrado en 3.527,5 euros, agravaría más todavía una “situación catastrófica”, con cinco empleos en juego. El magistrado, que atiende desde su despacho en el edificio judicial Europa de la capital cántabra, toma nota, asiente y se acaricia la barbilla mientras De la Hera se apoya en unos papeles que se aprecian en una sala sin adornos.

El representante del Consistorio, Juan Vega-Hazas, sentado en una silla estampada y con un cuadro en la pared del fondo, recibe la autorización del juez para presentar una resolución oficial fechada el 5 de mayo. Sánchez observa el documento y lo admite. Finalmente, el Ayuntamiento ha reconocido que la recurrente tenía razón, ha anulado la orden de demolición y el establecimiento puede abrir, un motivo de alegría para el magistrado porque “son pequeños juicios pero muy importantes para los afectados”.La alegría principal se la llevan los propietarios del restaurante, que ha desescalado los apuros legales que provocó el toldo.

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