Vox corrige el tiro tras poner en pie de guerra a los cazadores

Vox ha tenido que corregir el tiro después de que su iniciativa para ganarse el favor de los cazadores tuviera un efecto contrario y les pusiera en pie de guerra. El pasado día 22, el grupo ultra presentó en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) en la que pedía que se declarase la caza como una “actividad esencial” y que se autorizara “a los cazadores a continuar con su gestión del medio natural durante el estado de alarma”.

La caza no figura entre las actividades consideradas esenciales bajo la pandemia, por lo que su práctica está prohibida y los desplazamientos para practicarla se consideran injustificados y pueden ser objeto de sanción. Sin embargo, ante los daños causados en los cultivos por especies cinegéticas, como el conejo y el jabalí, varias comunidades autónomas (Castilla y León, Asturias, Aragón, Cataluña, La Rioja o Castilla-La Mancha) ya han autorizado la caza, siempre que se sujete a ciertas restricciones.

En la mayoría de los casos, se permite la actividad cinegética en zonas concretas y para especies determinadas, por parte de grupos de no más de dos cazadores y en la misma localidad donde se hayan producido daños que puedan acreditarse. Aun así, estas medidas han sido duramente criticadas por grupos ecologistas y conservacionistas.

La proposición del grupo ultra pide al Gobierno que declare el “control de daños de especies cinegéticas” (la caza) como actividad esencial y “herramienta clave” bajo el estado de alarma; además de hacer un seguimiento de los perjuicios causados a agricultores y ganaderos, facilitando fondos para resarcirlos.

Pero lo que ha sublevado a los cazadores es su pretensión de que “las únicas entidades oficiales de representación de los cazadores españoles, como es la Real Federación Española de Caza (RFEC) y sus federaciones autonómicas, fueran las encargadas de realizar los trámites oportunos para que el control por daños pudiera acometerse cumpliendo las recomendaciones sanitarias”.

Esta pretensión provocó una reacción inmediata de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, que remitió un escrito a los demás grupos parlamentarios pidiendo que rechazaran la propuesta de Vox y recordando que la federación (RFEC) es una asociación de carácter privado, que se rige por la Ley del Deporte y a la que pertenecen aquellos cazadores que quieren participar en competiciones deportivas, lo que no tiene nada que ver con agricultores y ganaderos ni con la caza social que se practica en el mundo rural.

El objetivo de Vox, según denunciaba la unión de cazadores, era dotar a la federación de un medio de obtener ingresos, mediante la tramitación de permisos burocráticos, en un momento en que están suspendidas las competiciones deportivas.

Vox no puede alegar que desconociera esta circunstancia, ya que uno de los firmantes de su proposición es Ángel López Maraver, anterior presidente de la Real Federación Española de Caza y actual diputado de Vox por Guadalajara.

Tan grande ha sido el escándalo entre los cazadores que Vox se ha visto obligado a corregir su PNL y presentar, seis días después, un nuevo texto en el que la RFEC pierde la exclusividad para la tramitación de estos permisos y se convierte en una entidad más, junto a “los titulares de derechos cinegéticos, las asociaciones cinegéticas más representativas de cada región y los departamentos cinegéticos de las asociaciones agrarias”.

El millón de españoles con licencia de caza constituye un caladero de votos que Vox ha mimado especialmente en sus campañas electorales. Abascal no solo fichó el año pasado a López Maraver, sino que algunas de las escasas entrevistas que concedió fueron a medios especialmente dirigidos a este colectivo; como la web armas.es o la revista Jara y Sedal. En esta ocasión, sin embargo, el tiro ha estado a punto de salirle por la culata.

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