La Audiencia Nacional procesa por primera vez a Villarejo en la Operación Tándem

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha respaldado este jueves la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo en la conocida como Pieza Iron, una de las primeras líneas de investigación abiertas en la Operación Tándem, la macrotrama de corrupción que salpica a policías, empresarios y políticos. Es la primera vez que el magistrado toma una decisión de este tipo. Según el auto dictado este 7 de mayo, al que tuvo acceso EL PAÍS, da el paso tras recibir el martes la petición del ministerio público en una causa donde se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Ahora, el instructor otorga un plazo de 10 días para que se presenten los escritos de acusación y se solicite la apertura de juicio oral.

Este nuevo escrito del juez supone un paso importante para Anticorrupción, que pidió al magistrado hace tan solo dos días que también tomara la misma iniciativa en la Pieza Land —aunque aún se desconoce si se ha pronunciado al respecto—. Son las dos primeras líneas de investigación que los fiscales han dado por concluidas en una “causa de extraordinaria complejidad” y su solicitud a García-Castellón supone un acelerón clave en el proceso.

Villarejo lleva ya dos años y medio en prisión provisional. Y llevarlo al banquillo por esta parte de las pesquisas implica que se le podría condenar por estos hechos mientras continúa el resto de la instrucción —que acumula ya más de una veintena de piezas distintas y se alargará durante mucho tiempo—. De esta forma, el problema de mantenerlo en la cárcel sin una sentencia en contra pierde intensidad. “[La estrategia] de formar piezas separadas, impulsada por el ministerio fiscal desde el inicio de la instrucción y acordada por el instructor, va a permitir el pronto enjuiciamiento por muy diversos delitos de los principales miembros de la presunta organización criminal”, admitía el ministerio público en un comunicado.

Un encargo de 625.000 euros

Iron, al igual que Land, es una de las tramas secundarias del enorme sumario del caso Villarejo. En este caso, el comisario jubilado participó en una guerra entre abogados, según subraya el juez en el auto que dicta el pase a procedimiento abreviado —un paso similar al escrito de procesamiento—. El despacho Herrero & Asociados contrató al antiguo agente de la Policía ante la sospecha de que antiguos socios y empleados, que se habían marchado y creado otro bufete (Balder IP Law), estaban robándoles clientes. “Pero los indicios existentes y obrantes en las actuaciones han permitido corroborar que la actividad iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives”, apunta el magistrado.

Según los investigadores, la trama obtuvo ilegalmente “informaciones y datos de carácter reservado —tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria...—” de Balder IP. Unas operaciones irregulares que los miembros de Herrero contrataron a “sabiendas” de que Villarejo aprovecharía su condición de comisario en activo para resolverles la “situación de crisis empresarial”. “El precio del encargo se habría fijado en 325.000 euros, más otros 300.000 euros en concepto de prima de éxito. De esas cantidades, Herrero habría abonado un total de 302.500 euros entre los meses de agosto y septiembre del año 2013 de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de unos servicios ficticios”, apostilla García-Castellón.

Las intenciones de los implicados, prosigue el juez, pasaba por que toda esa información confidencial robada sustentaría una futura denuncia contra Balder. Villarejo aprovecharía entonces su influencia en la Policía para conseguir la detención de los rivales de Herrero, así como la entrada y registro de su sede. De forma que la repercusión mediática de “dicha actuación policial y el procedimiento judicial subsiguiente” sirviera para destruir su reputación como despacho y como abogados competidores.

14 personas físicas procesadas

El juez no solo procesa en Iron a Villarejo, sino que carga contra todo el entramado. Adopta la misma medida contra su mujer, Gemma Alcalá; sus antiguos socios Rafael Redondo y David Macías; y varios de sus colaboradores, como el también comisario Enrique García Castaño y los policías Antonio Bonilla, Constancio Riaño y Javier Fernández. También sigue la causa adelante contra Antonio Chaparro, un funcionario de Hacienda que les habría facilitado datos confidenciales; y contra varios miembros del bufete Herrero (Francisco Carpintero, Mario Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno), al que también procesa como persona jurídica.

La Fiscalía Anticorrupción, según avanzó el martes, tiene la intención de presentar escrito de acusación contra las 14 personas físicas y contra Herrero como compañía. Los imputados aún pueden recurrir esta última decisión de García-Castellón.