Vox acusa al Gobierno de violar la libertad religiosa con el estado de alarma

El decreto del estado de alarma, cuya primera prórroga apoyó Vox, no solo vulnera los derechos fundamentales a la libre circulación, residencia, reunión, manifestación o educación, sino también la libertad religiosa, según el recurso que los 52 diputados del partido ultra han presentado ante el Tribunal Constitucional.

En su denuncia, Vox va mucho más lejos que la propia Conferencia Episcopal que, aunque criticó las incongruencias del decreto, que permitía los oficios religiosos pero no los incluía entre los motivos justificados para desplazarse, aceptó suspender las ceremonias presenciales y ha negociado con el Gobierno las condiciones de reapertura de los templos. El plan de desescalada prevé que en las provincias que pasen el 11 de mayo a la primera fase se puedan celebrar oficios religiosos con un 30% de aforo.

En cambio, la asociación Abogados Cristianos ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de delitos contra la libertad religiosa por el desalojo policial de la catedral de Granada el pasado Viernes Santo y de otros templos. Esta asociación ultra, a la que están vinculados cuadros de Vox, ya se querelló contra el actor Willy Toledo por decir “me cago en Dios”, aunque finalmente fue absuelto.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha confirmado este miércoles la presentación del recurso de inconstitucionalidad, se ha desmarcado de la defensa que ha hecho el Papa de la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital para todas las personas, tal como planea el Gobierno, asegurando que respeta, pero no comparte, “la opinión del ciudadano Bergoglio”. “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, ha añadido, sugiriendo que se trata de un asunto político sobre el que no debería pronunciarse el Pontífice.

El recurso de Vox ante el Constitucional califica el confinamiento de “arresto domiciliario”, denuncia la “ablación de derechos fundamentales” y la instauración de un “estado policial”, así como la “suspensión en toda regla de la dimensión externa de la libertad religiosa, contraria a la Constitución”.

El partido ultra carga especialmente contra la orden del Ministerio de Sanidad que prohibió velatorios y funerales y limitó a tres allegados, además del ministro de la confesión religiosa de que se trate, la asistencia a entierros e incineraciones, para frenar extensión de la pandemia.

“La posibilidad de despedir a los seres queridos a través del rito de la religión que integre el núcleo de las creencias más íntimas de la persona constituye una de las más elementales manifestaciones de la dignidad humana”, argumenta el recurso. “La suspensión de este derecho tiene una gravedad difícilmente soslayable, agravando innecesariamente el sufrimiento de quienes han perdido a sus seres queridos”.

Se da la circunstancia de que un funeral en Vitoria a finales de febrero, fue uno de los principales focos de expansión de la enfermedad en La Rioja y el País Vasco, con más de 60 contagiados.

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