La crisis del coronavirus

Interior autoriza un primer traslado de migrantes del CETI de Melilla a la Península

El departamento de Grande-Marlaska desbloquea la salida de 51 personas, pero el centro continúa al doble de su capacidad, con más de 1.600 residentes encerrados

Entrada del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, en una imagen de este miércoles.
Entrada del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, en una imagen de este miércoles.F.G.Guerrero / EFE

El Ministerio del Interior ha aprobado este miércoles un primer traslado a la Península de 51 personas desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. La salida apenas alivia la situación del centro, donde más de 1.620 personas pasan la cuarentena encerradas en unas instalaciones preparadas para acoger solo a 782. Es la primera salida que autoriza el Ministerio de Interior que mantenía bloqueados los traslados desde que se decretó el estado de alarma.

“Intentaremos seguir sacando gente”, ha defendido el comisario general de la Policía Nacional, José Ángel González, durante la rueda de prensa conjunta de los responsables del dispositivo de contención ante la covid-19. El Ministerio del Interior, responsable de dar luz verde a los traslados de residentes del centro, había frenado la salida de migrantes y solicitantes de asilo durante el confinamiento, pese a la “preocupación” expresada por Acnur, el Defensor del Pueblo o el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de quien depende la gestión del centro.

Los traslados de residentes a otros recursos humanitarios en la península son imprescindibles para aliviar la presión del CETI, un alojamiento solo temporal y no apto para acoger, por ejemplo, solicitantes de asilo y refugiados. Antes de decretarse el estado de alarma el pasado 14 de marzo, el índice de ocupación del centro (que nunca ha estado por debajo de su capacidad) se había disparado al 214% de su capacidad, con el mayor número de residentes de los últimos cinco años.

Según confirmaron fuentes de Interior, entre los primeros desplazados se encuentran migrantes a quienes se ha concedido protección internacional y personas vulnerables, principalmente madres con hijos. El comisario general González auguraba un nuevo dispositivo para trasladar, este viernes, a otras 21 personas y ha definido la situación como "difícil".

“Mayor transparencia”

El abogado Josep Buades, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), mantiene que la situación en el CETI es "insostenible" y ha pedido al Gobierno "una mayor transparencia y una mayor claridad" sobre los requisitos que deben reunir las personas residentes en el CETI a las que se traslada cada semana.

“Ganaríamos mucho si la Administración dijese cuáles son los criterios que está barajando”, se ha referido. Interior a menudo depende de las plazas disponibles en la Península en recursos de acogida humanitaria (para migrantes) o de asilo (para solicitantes de protección internacional) para dar salida a los residentes. Se suele dar prioridad a colectivos vulnerables (mujeres y niños, enfermos crónicos, LGTB), pero los criterios son desconocidos para las organizaciones que los atienden.

Buades denuncia un “pulso” policial a población de países como Marruecos, Argelia o Túnez con el objetivo de no incentivar su llegada a territorio español dificultando su salida hacia la península y bloqueándolos en Melilla. “Eso tiene consecuencias sobre el conjunto de las personas que están residiendo en el CETI, mucho más en unas circunstancias como las de la crisis de la covid-19”, comenta.

El comisario general de la Policía Nacional, José Ángel González, ha apuntado la presencia de marroquíes y argelinos en el CETI como supuesta complicación para abordar la situación de saturación del centro. “[Las] fronteras están cerradas y es imposible su salida”, ha dicho. Muchos de ellos, entre los que se encuentran también jóvenes tunecinos, son solicitantes de asilo cuya petición no ha sido admitida a trámite o ha sido denegada y cuyas órdenes de expulsión o devolución, pese a la existencia de acuerdos bilaterales que las posibilitan, no pueden ser ahora ejecutadas.

En el CETI de Melilla reside una población migrante mixta de solicitantes de asilo y migrantes por razones económicas. Unos y otros están atrapados en la ciudad autónoma, desde donde no pueden viajar o moverse libremente hacia el resto del territorio nacional, independientemente de su situación documental. En el caso de los solicitantes de protección internacional, varias sentencias declaran la prohibición de moverse libremente por territorio español como contraria a la Ley de Asilo.

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