El CIS pregunta si hay que mantener la “libertad total” de información sobre el coronavirus
El instituto demoscópico plantea si habría que limitar toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), difundido este miércoles, formula una pregunta en la que se vincula la difusión de informaciones falsas con la libertad de información y cuestiona si se debería mantener la “libertad total” de información sobre el coronavirus, dando como opción que se limite la información de la pandemia a “fuentes oficiales”. Distintas asociaciones de periodistas denuncian que la pregunta es “tramposa” y “engañosa”. El presidente del CIS, José Félix Tezanos, sostiene que su redacción “no condiciona” las respuestas, aunque reconoce que su formulación “es larga” y “podría ser más simple”. “No hay preguntas malas, lo que puede haber son respuestas malas”, afirma en conversación con EL PAÍS. En este caso, “fruto del miedo” ante la epidemia. El PP pedirá la comparecencia de Tezanos en el Congreso para que explique la inclusión de la pregunta.
“¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”, preguntó el instituto demoscópico en una entrevista telefónica.
La reacción del 66,7% de personas entrevistadas ante esa pregunta es que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo solo una fuente oficial de información. Otro 30,8% cree que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información. El 2% tuvo dudas y menos del 1% no contestó. “Cuando una pregunta está mal formulada la mayoría no responde y en este caso es del 0,5%”, indica Tezanos. “La pregunta no puede estar mal si la mayoría responde”, concluye.
El mayor respaldo a que se ponga en práctica el resultado de las preguntas se encuentra entre el electorado de los socios de Gobierno. La aprobación entre los votantes del PSOE es del 76,1%, diez puntos más que entre los votantes de Unidas Podemos (66,2%). Entre quienes menos apoyo suscita es entre partidarios de Vox (56,7%) y PP (57,4%). Por debajo de la media también se encuentran las personas entrevistadas que en las últimas elecciones generales, del pasado noviembre, votaron a ERC (62,7%), Ciudadanos (62,1%) y Junts per Catalunya (55%). El apoyo de los votantes del PNV coincide con el de la media.
La encuesta se ha realizado mediante 3.000 entrevistas entre el 30 marzo (día que se endurecieron las medidas de confinamiento con el parón de la economía a excepción de los trabajadores de sectores esenciales) y el 7 de abril. El martes de la semana pasada había contabilizados 13.798 fallecidos por la epidemia y 140.510 contagios oficiales. El trabajo de campo se hizo con entrevistas en teléfonos fijos (58,1%) y móviles (41,9%) en 1.083 municipios de 50 provincias, con un error muestral del 1,8%.
“Cercenar el derecho a la información”
“La pregunta es algo tramposa porque prejuzga la respuesta. Es evidente que la mayoría de los ciudadanos está en contra de los bulos. En este momento de crisis, los ciudadanos quieren que los medios difundan información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables. Es decir, aquella información que les permite tomar decisiones con conocimiento de causa. A lo mejor, si preguntáramos si está usted dispuesto a una restricción total de la libertad de expresión para atajar los bulos, la respuesta sería distinta”, discrepa Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
“En definitiva, de eso se trata lo que propone la pregunta: renunciar a la libertad de expresión y pasar su control a las manos del Gobierno. Una democracia que se precie no puede permitirse semejante decisión”, añade Rodríguez. El responsable de la FAPE plantea, ante la “grave repercusión” de la desinformación en la convivencia democrática, que el Gobierno lance una campaña publicitaria alertando a la sociedad del problema y enseñando a los ciudadanos a actuar frente a las falsedades. En esa campaña, se podría advertir que difundir bulos puede tener consecuencias penales, observa.
Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), coincide en que la pregunta está formulada “en términos muy engañosos”. “Habla de difusión de bulos e informaciones poco fundamentadas y claro, la gente va a decir que no se distribuyan. Pero es que nos pone en paralelo a las redes y a los medios de comunicación social. Nos identifica a uno detrás de otro. Me parece que la pregunta no debería haber sido formulada en esos términos. Invalida mucho el resultado”, hace hincapié.
En lo que respecta a la APM, Caño remarca su rechazo a que se restrinja la libertad de información. “Sería como cercenar gravemente el derecho a la información, que es parte esencial de la democracia. Además, medidas similares nunca sirvieron para acallar rumores sino al contrario. Normalmente lo que hacen es aumentarlos. Resultaría muy peligroso poner en manos del Gobierno la exclusiva de la información sobre la pandemia. Sería como reactivar la censura”, concluye el presidente de la asociación periodística. Para combatir la propagación de falsedades Caño considera que es preciso “reforzar los tres pilares fundamentales del buen periodismo: contextualización, jerarquización y sobre todo verificación”. Tanto la FAPE como la APM criticaron que durante semanas los periodistas no pudieran preguntar directamente a los miembros del Gobierno. La Moncloa terminó rectificando.
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