El Gobierno mantiene “secretas” las actividades de Villarejo en el País Vasco

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de lo que la Fiscalía Anticorrupción ha definido como “un clan policial mafioso”, estuvo a mediados de los años setenta destinado en el País Vasco en la lucha antiterrorista. Casi 50 años después, el Gobierno asegura en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu que no puede facilitar información sobre las “actividades y responsabilidades” que entonces tuvo Villarejo porque siguen sometidas a la ley de secretos oficiales. El policía ha alardeado de haber participado en la detención de numerosos etarras y ser condecorado por ello.

El historial como policía de Villarejo se remonta a 1972, cuando ingresó en la entonces llamada Escuela General de la Policía. De allí salió convertido en el inspector con carné profesional número 14.773 y fue destinado al País Vasco. En concreto, a la comisaría provincial de San Sebastián. En aquellos años, ETA había iniciado una escalada en la actividad terrorista y sus víctimas iban en aumento. En 1973 cometió 10 asesinatos, para pasar a 18 al año siguiente. En 1975 la cifra se elevó a más de 30. Ese último año, Villarejo fue trasladado a Madrid, a la llamada Brigada de Investigación Social. En Euskadi había estado tres años, siempre destinado en la lucha antiterrorista.

Las “responsabilidades” del policía hoy investigado por la Audiencia Nacional durante el tiempo que estuvo destinado en el País Vasco es por las que preguntó en febrero el diputado de la izquierda abertzale. Iñarritu quería conocer las fechas concretas en las que Villarejo ejerció de policía en la capital donostiarra, en qué operaciones participó, si había sido ascendido o recibió alguna condecoración y si en algún momento se le había investigado por la desaparición del dirigente de ETA-pm [político militar] Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, visto por última vez el 23 julio de 1976. Este suceso fue investigado por la Audiencia Nacional —se consideró como principal hipótesis que habían sido asesinado por miembros de la propia banda armada, aunque hubo grupos de ultraderecha que reivindicaron su desaparición—, que finalmente archivó las pesquisas en octubre de 2012 por falta de autor conocido.

Medallas policiales

En su respuesta, el Ejecutivo se limita a confirmar que el comisario “estuvo destinado en la Comisaría Provincial de San Sebastián a mediados de los años setenta”, sin más concreción. También asegura que recibió cinco condecoraciones —dos de ellas, cruces rojas al valor que llevan aparejadas una gratificación económica vitalicia— con posterioridad a su paso por el País Vasco, pero no cita que se le había concedido en 1975 una Cruz al Mérito con distintivo blanco que el policía siempre ha atribuido a su participación en “enfrentamiento y posterior detención de distintos miembros de ETA, FRAP y GRAPO”.

Para no responder al resto de preguntas del diputado, el Gobierno se escuda en la Ley de Secretos Oficiales y, en concreto, en diferentes acuerdos de los Consejos de Ministros de 1994 y 1996 en los que “se otorga de forma genérica, la clasificación de ‘secreto’ a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas”.

Sin embargo, el 9 de junio de 2016, solo unos días antes de jubilarse y cuando su nombre ya se había visto envuelto en varias investigaciones judiciales, fue el propio Villarejo quien registró en la Dirección General de la Policía su supuesto “historial profesional”. En tres folios, el comisario detallaba su trayectoria dentro de la Policía Nacional, incluido los años que pasó en el País Vasco. En este documento —cuyo contenido fue desvelado por primera vez en el podcast ‘V, las cloacas del Estado’—, el comisario alardea precisamente de su actividad en la lucha contra ETA en aquellos años. E, incluso, afirma que, cuando posteriormente fue destinado a Madrid, siguió desplazando “con periodicidad casi mensual” a Gipuzkoa.

En el documento, el policía detalla su supuesta participación en la detención de Tupa [alias de José Antonio Garmendia] y Tanke [José María Arruabarrena], a los que vincula con el atentado “en la Cafetería Rolando” en Madrid, en el que murieron 13 personas. El policía sitúa en su currículum aquel atentado -que ETA solo reivindicó el año de su disolución- en 1973, cuando en realidad se cometió en septiembre de 1974. También se atribuye la participación en diciembre de 1973 en “el enfrentamiento y posterior muerte” en el barrio donostiarra de Alza de Josu Artetxe, al que describe como “el transportista de los explosivos de la Operación Ogro”, nombre con el que la banda armada bautizó el atentado unos días antes contra el entonces presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. Villarejo incluso asegura que en los años que estuvo destinado en San Sebastián fue “enlace con la subprefectura de Bayona, efectuando numerosos viajes a Francia sin apoyo formal francés, desarmado e, incluso, usando el vehículo propio”.