Interior aún paga gratificaciones por 115 medallas policiales del franquismo

El Ministerio del Interior aún paga gratificaciones mensuales por 115 medallas policiales concedidas antes de 1979. Entre ellas, las que recibió el antiguo policía de la Brigada Político Social acusado de torturas Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Así lo reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en la que también admite que “de acuerdo con la actual normativa reguladora de la materia no es posible la retirada de condecoraciones”. El ministro Fernando Grande-Marlaska reiteró el pasado 20 de febrero en el Congreso su intención de articular un mecanismo legal para acabar con estas distinciones a quienes hubieran tenido “una actitud o una conducta contraria a los valores y principios constitucionales”.

En su respuesta, el Gobierno detalla que estas 115 condecoraciones franquistas fueron concedidas por la Policía Nacional. Por cada una de ellas, se paga con carácter vitalicio un porcentaje que fluctúa entre el 10% y el 15% del salario base y trienios que cobrase el agente dependiendo de si es una cruz con distintivo rojo o de plata, la mayor distinción dentro de la institución. El gasto anual en este tipo de recompensas es millonario, ya que cada año se suman las nuevas que se conceden (en 2019 fueron 60). En 2016, último año del que se conocen cifras, Interior abonó 17,8 millones de euros en gratificaciones asociadas a condecoraciones. De ellos, 11,2 millones correspondían a la Policía Nacional y el resto, a la Guardia Civil. El incremento continuo de esta partida ha llevado en ocasiones a la Policía a recurrir a fondos de reserva al haberse quedado corto el presupuesto previsto.

Siete mandos policiales imputados en el caso Villarejo y que formaban parte de la llamada brigada patriótica —el grupo de agentes que operó durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente del Interior— recibieron medallas pensionadas durante el Gobierno del PP por las que se reparten al año 16.000 euros. El actual Ejecutivo también estudia retirárselas si finalmente son condenados.

En busca del mecanismo legal

La intención de retirar las medallas policiales a sospechosos de torturas o actividades delictivas no es nueva. Al poco de llegar al Ministerio del Interior en junio de 2018, Grande-Marlaska reclamó un informe sobre las condecoraciones que había recibido Billy el Niño durante su carrera policial. Lo hacía después de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamara que se le revocase la que le concedió en 1977 el ejecutivo de Adolfo Suárez por su participación en la liberación del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y el teniente general Emilio Villaescusa, ambos secuestrados por los Grapo. El informe que llegó al ministro revelaba que no era una sino cuatro las condecoraciones que había recibido el policía que llevaban aparejado una recompensa económica, dos de ellas antes de 1979.

Meses después, en octubre de 2018, el ministro anunciaba que el texto normativo para proceder a la retirada de estas medallas a Billy el Niño estaba listo y solo faltaba el marco legal donde incluirlo. Sin embargo, el adelanto electoral frenó que se materializara. En el programa electoral a las elecciones de abril de 2019, el PSOE planteó hacer extensiva la medida no solo a los policías que hubieran sido acusados de torturas durante el franquismo, sino también a todas aquellas personas, funcionarios o no, que hubieran recibido alguna condecoración oficial y cuyos actos fuesen "incompatibles con los derechos humanos y los valores democráticos”. Con ello, los socialistas aspiraban a que la norma afectase también, entre otros, a los siete agentes de la brigada patriótica que fueron condecorados con medallas pensionadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Aquella frustrada legislatura impidió si quiera plantear la medida, que finalmente fue incluida tras las elecciones del 10 noviembre por PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo que desembocó en el actual gobierno de coalición. Grande-Marlaska recordaba en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de febrero ese acuerdo entre ambas formaciones y que la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es regular la retirada de estas condecoraciones en una futura Ley de Memoria Histórica.