La Policía hará controles en la calle para hacer cumplir el estado de alarma
El ministro Marlaska asume la dirección de los cuerpos policiales autonómicos y locales y de los vigilantes de seguridad
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dictado este domingo una orden en la que fija los criterios de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado mientras dure la situación de estado de alarma decretada horas antes por el Gobierno ante la crisis provocada por la expansión del coronavirus. La resolución concentra en el propio Grande-Marlaska el mando directo, no solo de Policía Nacional y Guardia Civil, sino también de las policías autonómicas y locales, además de los vigilantes de empresas de seguridad privada. Además, determina que en actuaciones conjuntas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil junto a los de cuerpos autonómicos y locales, serán los primeros “los que asuman la dirección de la operación”.
Una de las principales medidas que se pondrá en marcha será la puesta en marcha de controles policiales “fijos y móviles” en vías, espacios públicos y medios de transporte para “asegurar” que los ciudadanos cumplen las limitaciones de movilidad. Estos controles serán más intensos “en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones”. La limitación de la libertad de circulación en todo el país —solo se podrá salir a la calle en ciertos casos y siempre solo, sin compañía, salvo las personas con problemas de movilidad—, es la medida de mayor impacto del real decreto que el Gobierno aprobó este sábado en un Consejo de Ministros Extraordinario.
No obstante, Interior recalca que, en todo caso, la actuación policía deberá “garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos en caso necesario, así como la de permitir la movilidad del personal perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad”. También señala la necesidad de que las medidas se apliquen “de acuerdo con los principios de proporcionalidad y necesidad”.
Otra de las principales funciones a realizar durante el estado de alarma por las Fuerzas de Seguridad será “auxiliar a las instituciones y a los profesionales sanitarios” para que estos puedan atender a los afectados por la epidemia. Así, Interior ordena reforzar las medidas policiales de seguridad “tendentes a garantizar el normal funcionamiento de los centros sanitarios”, así como “en establecimientos de elaboración, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos y sanitarios”. La orden también contempla apoyar los desplazamientos de los equipos médicos y de emergencias.
Estas son las medidas clave del estado de alarma
Interior también fija como función de las diferentes policías prestar apoyo para garantizar “el suministro alimentario, y de otros bienes y servicios”, incluso con “el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte” de estos bienes. En las fronteras, los agentes deberán priorizar la revisión de aquellos productos importados que sean de primera necesidad. Además, se reforzarán las medidas de seguridad de las llamadas infraestructuras críticas —aeropuertos, estaciones ferroviarias, centros de producción de energía...— para “garantizar su normal funcionamiento”. También colaborarán para que se apliquen las medidas restrictivas sobre la apertura de comercios y la celebración de actos de culto. La orden hace mención a que durante su actividad, los miembros de todos los cuerpos policiales “tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo” en consonancia con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Para coordinar la “acción concertada” de todos los cuerpos policiales Interior va a crear un Centro de Coordinación Operativa “que asegure una transmisión permanente y continúa de información” entre los diferentes cuerpos tanto para difundir las órdenes y directrices que emanen del ministerio como para recibir las novedades que se produzcan y hacer un seguimiento de las mismas. Grande-Marlaska hace especial hincapié en potenciar “la colaboración y coordinación entre los cuerpos policiales con competencia en cada ámbito territorial”, así como los vigilantes de seguridad privada. Todos los días, antes de las 9.30 de la mañana, los responsables policiales deberán remitir a la Secretaría de Estado de Seguridad “un informe resumen de las novedades más importantes”.
Evitar el vandalismo
La orden de Interior se ha traducido, a su vez, en “órdenes de servicio” dentro de cada uno de los cuerpos policiales, en las que imparten, a su vez, “instrucciones específicas” a las diversas unidades. Así, el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, ha emitido una, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que fija tres “objetivos específicos” para sus agentes. En primer lugar, adoptar medidas de “prevención, información y reacción ante cualquier alteración grave que ponga en peligro la salud de la ciudadanía, la pacífica convivencia y la seguridad ciudadana”. En segundo, “evitar acciones hostiles, de vandalismo o de pillaje”. Y en último, “facilitar la cooperación policial con los distintos organismos y entidades”.
Para ello, enumera hasta 11 “funciones” que asume la policía, como el “control de movimiento de personas y vehículos”, el mantenimiento de la seguridad ciudadana, el control de fronteras, la vigilancia de instalaciones estratégicas o el apoyo asistencial a los ciudadanos. También ordena una “vigilancia digital” de redes sociales e Internet para “detectar grupos o elementos que pudieran pretender alterar el orden público o el asalto a centros de abastecimiento de productos de primera necesidad”.
En ello jugará un papel clave, destaca el documento, la Comisaría General de Información, responsable de la lucha antiterrorista, que también se encargará de detectar la existencia de posibles “grupos violentos o elementos terroristas que aprovechando las circunstancias actuales pudieran tratar de subvertir la paz social”. Esta comisaría también rastreará la posible existencia de “elementos ‘hacktivistas’ que pudieran intentar desestabilizar el país mediante el desarrollo de campañas”. En la tarea de “vigilancia y monitorización en las redes”, los expertos de la lucha antiterrorista contarán con el apoyo de los compañeros que luchan contra la ciberdelincuencia, según el documento policial.
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