PSOE, PP y Podemos vetan a Vox en la renovación de la Junta Electoral

Vox quiere entrar por primera vez en la Junta Electoral Central, el órgano que vela por la transparencia y objetividad de los procesos electorales, pero el PSOE mantiene su veto al partido ultra para cualquier cargo institucional. El Congreso apremió esta pasada semana a pactar una “solución conjunta” para renovar a los cinco miembros de este órgano electoral que proponen los partidos, ya fuera de plazo. PP y Podemos se disponen a aceptar la propuesta socialista.

Este jueves, el secretario general del Congreso envió a todos los grupos parlamentarios una resolución en la que les urge a encontrar una solución pactada para la renovación de los cinco vocales de la Junta Electoral Central, “catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, en activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación” en la Cámara baja. Es como se ha hecho desde que se reformó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en 1985.

Este órgano es clave para los periodos electorales. En los últimos tuvo un papel relevante al reclamar la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, o al imponer luego las primeras sanciones a un presidente del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, por conceder una entrevista en campaña desde La Moncloa. También sancionó a la entonces ministra portavoz, Isabel Celaá, y ahora está investigando al PP por un tuit de su líder, Pablo Casado, en el que avanzó una resolución de ese órgano.

La Junta Electoral Central la componen 13 miembros, ocho vocales magistrados del Tribunal Supremo designados mediante insaculación (sorteo en un saco) por el Consejo General del Poder Judicial y los otros cinco expertos a propuesta política. Ese procedimiento debe realizarse en los 90 días siguientes a las elecciones, un plazo que ya concluyó el pasado 3 de marzo tras la última cita con las urnas del 10-N.

El Congreso aceptó así la semana pasada la representación planteada por el Poder Judicial con Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (Sala de lo Penal), Concepción Rosario Ureste García (Social), Andrés Palomo del Arco (Penal), Esperanza Córdoba Castroverde (Contencioso-administrativo), Pedro José Vela Torres (Civil), Fernando Pignatelli Meca (Militar), María Luisa Segoviano Astaburuaga (Social) y Ana María Ferrer García (Penal).

El secretario general del Congreso ha comunicado a los grupos, y así se discutió en la Mesa del martes, que deben pactar una propuesta y ya se han producido los primeros contactos. La Mesa analizó la situación y concluyó que en el escenario actual, de gran polarización política y con el escándalo aún vivo del exmiembro propuesto por Ciudadanos (Andrés Betancor) en la anterior legislatura que cobraba como asesor de ese partido, era mejor no imponerse un plazo concreto para la renovación actual. Hay urgencia pero sin fecha tope. No es la primera vez que no se cumplen los plazos fijados para la renovación. Los retrasos fueron habituales entre 1987 y 2000, se recuperó cierta normalidad entre 2000 y 2012 y desde entonces, y especialmente tras las elecciones sin gobierno de 2015, se han reproducido notables demoras.

El PSOE ahora quiere evitar que Vox entre y ese mensaje ha llegado a Podemos y el PP, los otros partidos con los que van a negociar en este caso los socialistas y que no tienen mucha capacidad de presión si pretenden conservar su representación. En la anterior composición de este órgano electoral, que se renovó en septiembre tras las elecciones del 28 de abril de 2019, había dos vocales a propuesta del PSOE, y uno del PP, Podemos y Ciudadanos, que entonces tenía 56 escaños.

El 10-N Ciudadanos bajó a 10 diputados y Vox subió de 24 a 52. Vox reclama ahora esa posición que ejerció Cs, algo que el PP y Podemos no están dispuestos a apoyar a su costa. En el PP se temen que el PSOE les plantee, como trampa, un reparto en bloques, con tres componentes a designar desde el lado progresista que ahora forman el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, y dos para el conservador, esperando que si quieren cedan uno de esos puestos a Cs o incluso a Vox y poder así denunciar su alianza con el partido ultra.

En el PP, y en Podemos, verían bien una solución diferente, que evitaría tener que retratarse y facilitaría una salida a esta negociación que se prevé tan compleja: dejar las cosas como están, prorrogar a los cinco miembros elegidos en septiembre y que la experta de Cs (la catedrática de la UNED Silvia del Saz) siga ocupando su cargo. Los miembros de la Junta no tienen incompatibilidad y cobran 3.000 euros al trimestre y 150 euros por sesión: entre 12.000 y 13.000 euros brutos anuales.