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PP y PSOE acuerdan apartar a Vox de todas las presidencias de comisiones parlamentarias

El partido ultra pide una representación parecida a la que tenía Ciudadanos en la anterior legislatura y se queja del rodillo impuesto

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en este martes en la Cámara baja.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en este martes en la Cámara baja.Ep

La extrema derecha, tercera fuerza del Congreso, no presidirá ninguna de las comisiones ordinarias y mixtas del Congreso. El PSOE, que busca imponer un cordón sanitario a Vox, ha propuesto un reparto de cargos que cuenta con el beneplácito del resto de partidos, incluido el PP. El partido de Santiago Abascal acusó este martes a los populares de haber alcanzado un acuerdo con los socialistas. Vox confía, no obstante, en que sus presiones fuercen al PP a levantar ese veto (las votaciones serán el viernes). Adriana Lastra, portavoz del PSOE, se mostró segura de que Vox no tendrá ningún representante en las mesas de las comisiones.

El arranque de la actividad en el Congreso después de un año atípico —con tres campañas electorales, la celebración de dos elecciones generales, una investidura fallida en julio y otra que salió adelante por la mínima— dejó este martes el penúltimo capítulo del pulso que mantienen el PP y Vox por la hegemonía en la derecha. La presencia en los órganos de control de las comisiones, que además de relevancia mediática implican unos importantes complementos salariales, fue esta vez el origen del desencuentro. “La tendencia del PP es ponerse más de acuerdo y concurrir con el PSOE y Ciudadanos en el tricentrito.El problema es que el rodillo lo apliquen de quienes se esperaba algo más”, arremetió el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Las mesas de cada comisión están compuestas por cinco personas que ocupan respectivamente la presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. La división se acuerda entre los grupos, en teoría según su número de escaños, y esos cargos reciben unos complementos salariales que oscilan entre los 1.516 y los 740 euros mensuales —sobre un sueldo base de unos 4.000 euros para los diputados de Madrid y 5.000 para los de provincias—. La elección de esos cargos se efectúa por el mismo sistema que la de los miembros de la Mesa del Congreso: primero se vota al presidente, luego a los dos vicepresidentes y después a los dos secretarios.

Vox exige una presencia en las mesas de las 33 comisiones proporcional al 15% de votos que obtuvo en las elecciones del 10-N y similar a la que tenía Ciudadanos en la pasada legislatura: cuatro presidencias, nueve vicepresidencias y 15 secretarías.

En el Congreso hay 21 comisiones legislativas permanentes, cinco no permanentes y siete mixtas de trabajo con el Senado. Según el acuerdo cerrado por el PSOE con Unidas Podemos, ERC y PNV, los socialistas acapararán 17 de esas presidencias, siete los populares, seis los de la formación que lidera Pablo Iglesias, una los republicanos catalanes y una los nacionalistas vascos, en estos dos casos como en la anterior legislatura. La comisión de Reglamento la preside la presidenta de la Cámara, la propia Meritxell Batet. Vox y Ciudadanos no encabezan ninguna. En la anterior legislatura, Ciudadanos disponía de 57 escaños y logró cinco presidencias, diez vicepresidencias y 16 secretarías.

El PP, que en privado ha aceptado el acuerdo ofrecido por el PSOE, según fuentes de ese partido, en público dice que aún están abiertas las negociaciones con Vox para que ostente alguna responsabilidad.

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Vox esgrime el precedente de Cs en la anterior legislatura y su propia condición ahora de tercer grupo de la Cámara, con 52 escaños y el 15% de “la cuota de mercado” de los votos, según dijo Espinosa de los Monteros. El portavoz de Vox aceptó que se aplique una cierta corrección a la baja, pero de solo un cargo. Es decir, a Vox lo que le parecería “lógico y sensato” sería que su formación tuviese cuatro presidencias, nueve vicepresidencias y 15 secretarías.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, confirmó que su partido no está dispuesto a negociar nada y menos ningún cargo con Vox. La número dos del PSOE aseguró que la formación de extrema derecha no accederá por tanto a ninguna mesa de la Cámara baja. Responsables de Unidas Podemos, ERC y PNV se limitaron a asumir los cargos pactados con el PSOE sin entrar en más debates sobre la presencia de Vox.

El PP, sin embargo, no quiso dar por cerrado el acuerdo, que Vox sí ve totalmente completado. La portavoz parlamentaria popular, Cayetana Álvarez de Toledo, comentó tras la Junta de Portavoces que la negociación aún no está terminada, que siguen en contactos con Vox y que están pendientes de una “negociación global” para comprobar a qué cargos concretos aspira la formación ultra. La secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, mantuvo el lunes de la semana pasada una reunión de trabajo con su homólogo del PP, Guillermo Mariscal, quien le adelantó, según Olona, que su partido había culminado una negociación completa de cargos con el PSOE en la que no entraba ceder ningún puesto para Vox. Otros dirigentes del partido de Abascal confirmaron esa misma posición.

El PP da otra versión de la charla, con la misma conclusión. El PSOE les dio hecho el reparto global, les aclaró que si pretendían ceder algún cargo a Vox ellos se opondrían y lo impedirían con su mayoría (19 votos de 37 en cada comisión) y ante el riesgo de perder alguna de sus siete presidencias le plantearon a Vox que aceptara negociar sobre el total de 132 puestos a distribuir en todas las comisiones pero de otro rango a la presidencia. Olona exigió alguna presidencia y recordó su porcentaje de voto electoral. No hubo acuerdo.

Exministras en comisiones

En el cupo de las presidencias que mantendrá el PSOE, Magdalena Valerio, exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, será la nueva responsable de la comisión del Pacto de Toledo en una legislatura en la que una de las cuestiones fundamentales por resolver será la sostenibilidad del sistema de pensiones. La posibilidad de alcanzar un acuerdo no fue posible el año pasado por el adelanto electoral y las exigencias de Unidas Podemos. Otra ministra del anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez, María Luisa Carcedo (Sanidad), presidirá la comisión de Política Territorial y Función Pública.

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