“Hay una campaña de acoso y derribo contra Irene Montero”

Participó en la redacción del anteproyecto de ley de libertad sexual e insiste en que trabajaron en el texto “durante tres años”, que no fue algo “improvisado”. Patricia Faraldo (A Coruña, 50 años), catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña y miembro del grupo de expertos que estudió los cambios en el Código Penal sobre delitos sexuales, lamenta lo “ácido” de algunas críticas.

Pregunta. ¿Cuál es la importancia de la ley?

Respuesta. Por primera vez en España hacemos un abordaje completo e integral de la violencia sexual. Desde la prevención hasta la reparación del daño. Es novedosa la introducción de la definición del consentimiento.

P. ¿Cómo ha acogido la polémica de estos días?

R. Estoy un poco perpleja porque alguna de las críticas que han trascendido tras la lectura del informe que preparó el Ministerio de Justicia son un poco risibles; son ridículas. En vez de poner números “1,2,3” hay que ponerlo en letras… Bueno, pues vale. Me parece que alguien ha tenido interés en que salieran a la luz análisis que deben realizarse en el interior de los ministerios y normalmente no se hacen públicos. El proceso de perfeccionamiento de las normas se hace con todas las leyes, pero alguien ha tenido interés en sacarlo a la luz para desacreditar.

P. ¿Cree que el problema con Justicia parte de que las redactoras de la ley eran mujeres, como insinuó Pablo Echenique?

R. No, yo no lo expresaría así. Este proceso de crítica a un texto que viene de otro ministerio es normal. Pero se ha sacado de contexto, se ha presentado como una lucha feroz, y no es así. Es positivo que un texto sea debatido y se lleguen a acuerdos. Y los textos se pueden perfeccionar, pero también digo una cosa: es mucho más fácil criticar que constituir. Lo que no acepto son acusaciones de improvisación porque llevamos tres años trabajando en ello.

P. ¿Es lo que ha ocurrido con Irene Montero?

R. Creo que hay una campaña de acoso y derribo contra la ministra. Y como esta es la primera ley que promueve, hay interés en que esto no salga adelante.

P. ¿Interés por parte de quién?

R. No lo sé. ¿Quién ha filtrado el informe de Justicia? No sé... está filtrado y alguien ha contado esas discrepancias internas.

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P. ¿Siente que las críticas parten del machismo, como dijo Pablo Iglesias?

R. No sé cómo interpretarlas. Tengo muy claro que no es una cuestión solo técnica, también hay intereses políticos. Estamos ante un partido que llega por primera vez a responsabilidades de gobierno en el ámbito nacional y puede haber algún interés en presentar su trabajo como improvisado. No es algo que se haya redactado en tres días porque había que presentarlo sí o sí el 3 de marzo. Hemos participado catedráticas. Ha recibido la opinión de numerosos colectivos. Se pueden criticar determinados aspectos y perfeccionar, es normal, pero la forma en que se está produciendo el debate es sorprendente. Veo una reacción desproporcionada y unas críticas en absoluto ponderadas. Sí creo que hay una reacción del patriarcado, de un sector conservador, no sé cómo llamarlo, pero me recuerda mucho a lo que vivimos con la ley de violencia de género, que recibió una oposición feroz al principio, pero luego se aceptó que era necesaria y que ayudó a muchas mujeres. Se está intentando desautorizar poniendo en solfa la experiencia de las que hemos trabajado en esta ley por una parte y luego la propia calidad de la ley en sí.

P. Las alegaciones de Justicia eran duras. Hablaban de falta de rigor, de duplicidades… ¿Las considera justas?

R. No todas, por supuesto. Se ha seguido el modelo de la ley integral [contra la violencia de género], que es una ley socialista. Me hace mucha gracia que lo que les pareció tan estupendo en 2004 ahora no, cuando el modelo es parecido. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?

P. Ha suscitado controversia la modificación de las penas de delitos sexuales. ¿Recibirán los agresores menos penas que en la actualidad?

R. Yo personalmente habría preferido eso. Pero al final no ha sido así. Hay una horquilla de penas que abarcan en su límite inferior lo que antes eran abusos, que ahora son agresiones, y en su límite superior sigue en 15 años.

P. ¿Por qué las habría bajado?

R. Para acallar las voces que dicen que las feministas solo queremos más cárcel. El movimiento feminista no pretende castigar más, pretende proteger mejor. Y esta ley quiere proteger mejor a las víctimas.

P. Otro punto que costó cerrar fue el acoso callejero. ¿Por qué era importante incluirlo?

R. Se manda un mensaje: determinadas situaciones que consideramos relativamente habituales afectan a la libertad sexual y por tanto son indeseables y deben ir desapareciendo. El Código Penal tiene un valor educativo, le dice a la ciudadanía qué ataques son intolerables. Y va siendo hora de que dejemos claro que las mujeres tenemos derecho a estar en el espacio público sin esperar ataques que nos coloquen en situaciones humillantes, hostiles o intimidatorias. Esto no es un ataque al piropo, que si es bonito y bien recibido, no te coloca en esa situación. Una cosa es el piropo y otra, que un hombre te siga babeando hasta el portal. Nos referimos a esta segunda cuestión.

P. En las alegaciones de Justicia se decía que el texto se solapa con la ley de violencia de género. ¿Cómo convivirán ambas normas?

R. Aquí está pendiente un cambio legislativo bastante más amplio que el que se propone en la ley de garantía de la libertad sexual: que en España la violencia de género no sea solo la ejercida por un hombre contra su mujer o exmujer. En otros países el concepto es mucho más amplio. Cuando se implemente el pacto de Estado en esa materia, habrá que revisar qué concepto tiene que adoptar la normativa española en materia de violencia de género, que puede ser más amplio que el de ahora y entonces sí puede haber solapamientos. En ese caso habría que actuar no solo sobre ambas legislaciones, sino sobre otras muchas que hablan de violencia de género. Ahora hablamos de violencia contra la mujer, doméstica, de género... Hay que buscar un concepto omnicomprensivo.

P. La ley de protección de la infancia ampara a los menores de 18 años y la de libertad sexual, a las mayores de 16 años. ¿Se solaparán?

R. Durante la preparación de esta norma tuvimos contactos con la comisión que trabaja en la ley de infancia para coordinar ambas. Lo que pasa es que esta sale primero, por tanto, la que tendrá que coordinarse será la de infancia. Esta ley está dirigida a mujeres adultas. Se entiende que con las niñas la problemática es distinta. En su momento nos planteamos incluir también la reforma de los derechos sexuales contra menores, pero se decidió no tocar el tema dado que ya lo contemplará la ley de infancia.

P. En el anteproyecto se da un año para decidir si son los juzgados de violencia sobre la mujer quienes deben asumir estos casos. Los jueces se quejan de sobrecarga. ¿Podrán asumir estos casos?

R. Claro que pueden, si se ponen los medios. Pensemos que el volumen de casos es de unos 13.000 en toda España, aunque hay una cifra enorme que no hemos podido cuantificar. Depende de los medios. Si se ponen, se podrá. Si lo que hacemos es sobrecargar órganos que ya están saturados, evidentemente no se mejorará la calidad de asistencia judicial.