Las mujeres y las niñas no deben pagar la factura de la pandemia

En Estados Unidos, la gente ha empezado a llamar al fenómeno Shecession porque lo ven como una recesión que perjudica a las mujeres mucho más que a los hombres. Es una referencia a la crisis de 2008 que fue apodada la mancession, cuando las pérdidas de empleo se concentraron en gran medida en la construcción y la manufactura. Pero esta vez, ellas son las principales víctimas de los trastornos sociales y económicos causados por la pandemia. Y no solo en EE. UU., donde, a pesar de constituir menos de la mitad de la fuerza laboral, representaron el 55% de los empleos perdidos en abril, siendo las de color (negras e hispanas) las más afectadas.

La crisis de la covid-19 no es ciega al género. Esta situación refleja el hecho de que las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por la crisis, como el cuidado de los niños, la educación o el turismo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el 58.6% de las empleadas trabaja en el sector servicios en todo el mundo, en comparación con el 45.4% de los hombres empleados.

Dado que ellas tienden a tener trabajos mal pagados, con menos acceso a la protección social, se benefician menos de las redes de seguridad que algunos países están implementando. También están sobrerrepresentadas entre los empleados del sector informal, que laboran en condiciones precarias y para los que el trabajo a distancia no es posible. Por ejemplo, los trabajadores domésticos, que en su mayoría son mujeres, con el 76% sin contrato laboral formal. Su fragilidad se ha hecho evidente, ya que la mayoría de ellas han sido completamente abandonadas tanto por sus Estados como por sus antiguos empleadores.

Las mujeres están en la primera línea de la batalla contra el virus. A nivel mundial, el 88% de los trabajadores del cuidado personal y el 69% de los profesionales de la salud son mujeres, que corren mucho más riesgo de enfermarse. En España, por ejemplo, el 71.8% de los trabajadores sanitarios infectados lo son.

La pandemia también ha puesto de manifiesto la injusta organización social de los sistemas de atención. Incluso antes de la crisis, las mujeres y las niñas que viven en pobreza y las que pertenecen a grupos marginados ya dedicaban 12.500 millones de horas al día a cuidar a otras personas y de su hogar de forma gratuita. Esta cantidad de tiempo se está disparando ahora con el confinamiento de los adultos mayores, el cierre de escuelas y la necesidad de cuidar a un número cada vez mayor de familiares enfermos. Aunque la economía ha empezado a reabrir en algunos lugares, los sistemas educativos siguen paralizados, por lo que muchas madres tienen que renunciar a sus empleos.

Los servicios públicos son preciosos: salvan vidas, nos mantienen sanos y aseguran el futuro de nuestros hijos

Atrapadas en su hogar, las mujeres están aún más expuestas a la violencia de género, en particular a la violencia doméstica y el abuso sexual. Tienen que pasar mucho más tiempo con sus agresores, con escasas posibilidades de pedir ayuda. Los servicios de emergencia en toda Europa registraron un aumento de 60% en las llamadas de mujeres víctimas de violencia doméstica durante el confinamiento, segundo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por lo tanto, ¿cómo se pueden evitar reveses que podrían ser tan desastrosos como duraderos? Deben intervenir políticas públicas más redistributivas: desde el acceso universal a la salud, el agua y el saneamiento, hasta la educación y la protección social, debemos aprovechar la oportunidad para ser más solidarios. También significa reconocer, reducir y redistribuir los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, lo que requiere invertir en servicios públicos de calidad como guarderías, centros de salud y hogares para adultos mayores.

Por supuesto, todas estas medidas exigen una inversión masiva de recursos. En lugar de movilizarlos, varios países en desarrollo se centran únicamente en la deuda externa y la fuga de capitales. Aterrorizados por el aumento en sus gastos, algunos de ellos —como México— optan por continuar con medidas de austeridad fiscal devastadoras. Este es un error que no podemos permitirnos. Con voluntad política y el valor para superar la presión de las élites poderosas, hay muchas propuestas sobre la mesa para asegurar que se recauden más ingresos para un futuro más justo y sostenible. En la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT), de la que soy miembro, hemos identificado cinco medidas clave para lograr una recuperación económica sostenible.

Una de las prioridades debería ser exigir a los gigantes digitales, que han estado a la cabeza de la evasión fiscal, que paguen la parte que les corresponde de impuestos. Irónicamente, ellos han sido los grandes ganadores de la pandemia: las fortunas de Jeff Bezos (fundador y director general de Amazon) y Mark Zuckerberg (de Facebook) combinadas, por ejemplo, crecieron en casi 60.000 millones de dólares en los últimos dos meses. Los países deberían seguir los pasos de la India, el Reino Unido, Francia y muchos otros en la introducción de impuestos progresivos sobre los servicios digitales.

Entre los peores perdedores están las mujeres y las niñas que viven en pobreza y los que estaban a una sola crisis de caer en la miseria

Frente a la presión de muchas multinacionales, que quieren que se reduzcan los impuestos, supuestamente para asegurar la reconstrucción de la economía, los gobiernos deberían resistir. Los estudios demuestran que factores como la calidad de la infraestructura, una mano de obra sana y cualificada, el acceso al mercado y la estabilidad política son mucho más importantes a la hora de atraer inversiones. Por otra parte, los recortes de impuestos tienen consecuencias devastadoras para el gasto social, con un impacto directo en las mujeres.

Por último, ha llegado el momento de abordar la cuestión de la transparencia, en relación con los más ricos y las multinacionales. En el caso de las primeras, permitiría a los gobiernos introducir una fiscalidad efectiva de la riqueza, incluida la riqueza extraterritorial. En cuanto a las multinacionales, los gobiernos deben exigirles que declaren en qué países hacen negocios y sus beneficios, para gravarlos en consecuencia. No es aceptable que una empresa que solicita ayuda estatal siga declarando altos beneficios en países con impuestos muy bajos, y pérdidas en países donde concentra el grueso de sus actividades, pero donde los impuestos son altos, para evitar pagar nada. Como ha demostrado Gabriel Zucman, también miembro del ICRICT, más del 40% de los beneficios internacionales de las multinacionales se declaran en paraísos fiscales, lo que priva a los Estados de recursos preciados.

Esta crisis nos afecta a todos, pero no de la misma manera. Entre los peores perdedores están las mujeres y las niñas que viven en pobreza y los que estaban a una sola crisis de caer en la miseria. Uno de los aspectos positivos de esta terrible pandemia ha sido que nos ha recordado a todos, e incluso a los gobiernos conservadores, como el de mi país, Chile, que los servicios públicos son preciosos. No solo salvan vidas, sino que también nos mantienen sanos y aseguran el futuro de nuestros hijos. Es urgente mantener en los Estados los recursos suficientes para reconstruir sociedades y economías que no solo son más prósperas y resistentes, sino también más equitativas.

Magdalena Sepúlveda es directora ejecutiva de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rightsy miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). De 2008 a 2014 fue la Relatora de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos.

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