Alarma y evidencia

Se cumple una semana desde que el Gobierno declaró el estado de alarma, una de las medidas que la Constitución prevé para hacer frente a situaciones de emergencia. A lo largo de estos días de confinamiento, el presidente Sánchez ha comparecido ante el Congreso de los Diputados y el rey Felipe VI se ha dirigido a los ciudadanos para evidenciar la unidad de los poderes públicos. Entre tanto, las autoridades sanitarias han ido desplegando un dispositivo de urgencia que, al mismo tiempo que ha ratificado las fortalezas del sistema de salud público español, ha revelado sus flaquezas. El clima de confianza colectiva que requiere este momento hace inoportuno apuntar ahora las responsabilidades, pero en el futuro será imprescindible una reflexión profunda sobre un modelo de sanidad basado en los recortes presupuestarios y las privatizaciones de servicios públicos esenciales, que han conformado este panorama de debilidad ante la pandemia.

Nadie debe llamarse a engaño: el confinamiento de los ciudadanos es una medida de extraordinaria dureza, no solo por el coste económico, sino también por el desgaste psicológico que supone para las personas y familias a medida que vayan transcurriendo las semanas. Por esta razón, resulta decisivo no perder de vista que este colosal esfuerzo realizado por el país en su conjunto tiene a la vez una causa y un propósito: proteger la vida y la salud de todos, impidiendo a través de la paralización del contacto social la progresión exponencial de un virus con una alta capacidad de contagio. El incremento diario de las cifras de la pandemia tardará todavía en reflejar los efectos del confinamiento, pero eso no puede ser causa de desaliento ni menos aún excusa para relajarlo.

El sistema constitucional de 1978 ha demostrado disponer de un marco de respuesta suficiente frente a esta crisis, que limita la excepción a los aspectos estrictamente imprescindibles para regresar a la normalidad institucional tan pronto se supere la situación de emergencia, manteniendo abiertas las expectativas de recuperar a su vez la normalidad económica y social. Lo mismo cabría decir de las normas europeas de las que los Estados se han dotado con tanto esfuerzo, afectadas, también, por la gestión excepcional que se está haciendo de una crisis que tiene en Europa su epicentro más peligroso. Algunas de las libertades básicas europeas, como la libre circulación de personas, que está en la base de la ciudadanía de la Unión, están siendo cercenadas momentáneamente. Sin embargo, han sido conquistas que no deberían quedar atrás cuando el continente vuelva a una situación de normalidad. Los acuerdos de Schengen, por ejemplo, fueron un avance sustancial en la creación de una Europa unida, por mucho que los populismos traten de que sean papel mojado para siempre.