Deber institucional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, se han reunido por primera vez desde el inicio oficial de la legislatura, y el resultado no se apartó de lo esperado: salvo en materia de pensiones, y no sin reservas, los responsables de las dos principales fuerzas políticas del país no fueron capaces de encontrar puntos de encuentro en ninguno de los asuntos que abordaron. Este fracaso deriva, en primer lugar, de la actitud en la que ambos llevan demasiado tiempo instalados y que consiste en decidir sus respectivas posiciones no en función de facilitar el acuerdo, sino de transferir al otro la responsabilidad por el desacuerdo.

Sánchez y Casado no se veían desde diciembre, cuando ni uno ni otro desempeñaban las funciones actuales. Un plazo tan dilatado para unas citas que deberían ser habituales las convierte en ritos vacíos. Ninguna de las partes espera resultados por la amplitud de la agenda que se acumula de una ocasión para otra y porque, vinculando el consenso en unos asuntos a la exigencia de alcanzarlo en otros, al final se quedan todos en el camino.

Salvo que se produzca un cambio inesperado, en los próximos meses, y debido a este juego de condiciones cruzadas, no es posible esperar que el Gobierno y el principal partido de la oposición encuentren líneas de acción compartidas frente a asuntos que las precisan con tanta urgencia como la crisis territorial en Cataluña o la política exterior. Tampoco para renovar el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Consejo de RTVE.

Esta imagen de ruptura generalizada no debería ocultar, sin embargo, que no todos los asuntos son susceptibles del mismo tratamiento político. Hace tiempo que la crisis territorial en Cataluña requiere de un consenso entre las principales fuerzas contrarias a la secesión, pero, con ciertos límites no siempre respetados, el PP está en su derecho a distanciarse de la estrategia de diálogo adoptada por el Gobierno. Y otro tanto ocurre con la política exterior, por más que, en este caso, la oposición esté obligada a no llevar las diferencias hasta el extremo de debilitar la posición exterior de España, como sucede en demasiadas ocasiones. Ninguno de estos elementos concurre en la renovación de los órganos constitucionales, también abordada sin éxito en la reunión de ayer. En este punto, y en contra de lo que reiteraron sus portavoces, el PP no puede alegar ninguna diferencia política con el Gobierno para incumplir un deber que es, simplemente, institucional.

El hecho de que la primera reunión de la legislatura entre el Gobierno y la oposición arrojara un balance tan desoladoramente pobre no puede producir en ninguna de ambas partes el alivio de haber cumplido con un trámite engorroso, quedando excusadas de repetirlo hasta nueva fecha. Antes por el contrario, la fecha de la próxima reunión no puede demorarse, como tampoco la concreción de una agenda para la que bastaría un único punto: devolver el sistema constitucional a la normalidad, imposible de alcanzar mientras los órganos constitucionales no sean renovados.