La incuria de Delcy

La exaltación revolucionaria de Delcy Rodríguez es patrimonio familiar, legado de su padre, fundador de un movimiento marxista leninista que prendió en las universidades cuando Venezuela era un arrabal de la Guerra Fría y Fidel Castro acaudillaba guerrillas y conciencias. La heredad que orientó la trayectoria ideológica de la vicepresidenta y de su hermano, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, es tan respetable como el radicalismo de sus convicciones. Su incuria ante el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta no es respetable porque lesiona los valores que deben regir el comportamiento humano en las sociedades civilizadas. La obligación moral era el taxativo repudio del crimen, de la barbarie ultrajante, aunque solo fuera porque el marino opositor murió como su padre, el opositor Jorge Antonio Rodríguez, torturado hasta morir.

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Delcy tenía siete años y Jorge, 11, cuando lo perdieron; los hijos de Acosta, cuatro y 13 cuando perdieron al suyo. Huérfanos, viudas y familias desarrollando odio y rencor. El asesinato del progenitor de los hermanos bolivarianos ocurrió durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), cuando restableció relaciones con Cuba, se opuso a las dictaduras de Somoza y Pinochet, y apoyó a Omar Torrijos en las negociaciones canaleras con EE UU. Mientras el mandatario se distanciaba de Washington, su policía política martirizaba al líder anticapitalista Jorge Antonio Rodríguez en los sótanos de la DISIP, acrónimo de tortura e impunidad.

En junio del año pasado, el oficial de Marina fue reventado en los sótanos de la DGCIM, acrónimo de tortura e impunidad. La muerte rescató a ambos de los tomentos causados por los golpes y aplastamientos. Acosta sufrió la fractura de 16 costillas; el fundador de la Liga Socialista, siete. Los cargos contra ellos poco importan porque el potro admite todos. A Rodríguez quisieron arrancarle una confesión sobre el secuestro de un industrial norteamericano; al marino, sobre su supuesta participación en la preparación de un magnicidio. El director de los servicios de inteligencia de Pérez fue obligado a dimitir; que se sepa, sigue en su puesto el jefe de los servicios de la Contrainteligencia Militar de Maduro.

No se trata de abundar sobre la fallida democracia venezolana o las cavilaciones de Delcy Rodríguez sobre las prioridades de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, resueltas por el régimen sacramentando unos derechos y olvidando otros, cuando todos son fundamentales. Se trata de censurar la vacua declaración de amor de la vicepresidenta al negar que la venganza determine su comportamiento porque el triunfo revolucionario de 1999 ya la vindicó. “Aquí no hay odio. Hay mucho amor para seguir defendiendo a nuestro país”. Pero no se defiende Venezuela silenciando afrentas contra la dignidad de las personas, contra derechos ontológicos que ella y su hermano debieran proteger más que nadie para facilitar la rehabilitación nacional, antes de que los ajustes de cuentas y las cicatrices psicológicas la hagan imposible.