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Tribuna
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Mochila española y creación de empleo

Los políticos deberían centrarse en alcanzar acuerdos que posibiliten soluciones y medidas eficaces para resolver los profundos problemas sociales en nuestro país

Jesús Lizcano Álvarez
Una oficina de empleo en el barrio de la Concepción, en Madrid.
Una oficina de empleo en el barrio de la Concepción, en Madrid.Víctor Sainz

Sabido es que el verdadero talón de Aquiles de la economía española viene siendo desde hace muchos años el nivel de desempleo existente. Este importante problema estructural es además la principal preocupación de los ciudadanos españoles también desde hace mucho tiempo, según lo evidencian las sucesivas encuestas del CIS.

Vamos a hacer referencia en estas líneas a un tema que se ha venido debatiendo en diversos ámbitos desde hace algún tiempo, como es el de la denominada mochila austriaca, sistema existente en este país europeo dirigido a combatir algunos de los problemas relacionados con el empleo y el mercado del trabajo, y que con una orientación similar se podría aplicar en nuestro país, dando lugar así a una suerte de mochila española.

Vamos a recordar, en primer lugar, algunas de las características básicas del citado modelo austriaco, fruto de un gran acuerdo entre partidos (qué envidia para nuestro país) en el año 2003. Se trata de un sistema que contempla la dotación o destino por parte de las empresas de una proporción de los sueldos de sus trabajadores, concretamente el 1,53%, a un fondo de previsión o capitalización destinado a los propios trabajadores, para cuando tengan que salir de la empresa, bien por razones de despido, bien por una decisión voluntaria del trabajador, o porque cumplida su vida laboral pase a la situación de jubilado. En cualquiera de estos supuestos el trabajador recibirá ese fondo que se ha ido acumulando a lo largo de su vida laboral, siendo por ello una especie de mochila que se llevaría consigo en los citados supuestos.

El problema del paro en nuestro país es profundo y estructural

Este sistema, que es legalmente obligatorio en dicho país, tiene ciertas ventajas para las empresas y los trabajadores. Por una parte, facilita la movilidad laboral, eliminando además los costes empresariales por despido, dado que el trabajador al dejar la empresa se llevaría su fondo acumulado, haciendo este las veces de indemnización por despido. Las empresas se ven por ello claramente predispuestas a la firma de contratos indefinidos, en lugar de temporales, ya que no existe ese temor o coste diferido que supondrían las citadas indemnizaciones, lo cual es bueno para los trabajadores. Ello aparte de que a las empresas les interesa lógicamente que los trabajadores tengan un horizonte de estabilidad, para aprovechar su progresivo aprendizaje y la creciente adecuación a los puestos de trabajo y a internalizar los objetivos de la empresa. Que este sistema contribuye a evitar la precariedad y temporalidad en los empleos lo muestra el hecho de que en el país austriaco más del 90% de los contratos que se realizan son indefinidos. Por otra parte, este modelo, al margen de otros posibles factores, contribuye así al alto nivel de empleo existente en este país, en el que la tasa de desempleo está entre el 4% y el 6% desde hace muchos años.

La implantación en España de un sistema con una orientación similar al mencionado, podría pasar por distintas posibilidades o alternativas. En cuanto a la cuantía de ese fondo o mochila española, podría tener un importe no demasiado distinto al existente en Austria, por ejemplo un 1,5%, o incluso un 2% del importe de las retribuciones del personal. Además, la creación y el registro formal de este fondo, debería ser absolutamente transparente, y figurar de forma explícita en las cuentas anuales, tanto en el balance de situación como en la memoria de cualquier empresa. Se trataría de dotar de una forma continuada una provisión contable, esto es, una cuenta que aparecería explícitamente en el pasivo de los balances de las empresas, y cuya dotación se haría con cargo a la cuenta de resultados de cada ejercicio. Ello conllevaría que mientras que el fondo de cada trabajador permaneciese en la empresa, esta podría disponer durante esos años con cierta flexibilidad de esos recursos, que estarían así materializados en los correspondientes activos, lo cual conllevaría un aumento sostenido del fondo de maniobra o capital circulante de las empresas; ello sin perjuicio del correspondiente control por parte de la Administración y/o los auditores, de cara a evitar usos indebidos de ese fondo de capitalización.

Los gastos o dotaciones a este fondo podrían incluso tener algún tipo de exención fiscal, exonerándose (total o parcialmente) a efectos del impuesto sobre beneficios, con lo cual las empresas se verían incentivadas a la creación de dicho fondo, dado que de esa forma disminuirían la base imponible del impuesto, y por lo tanto se ahorrarían el porcentaje correspondiente al tipo impositivo efectivo que pagasen cada año a la administración tributaria, el más general es un 25%, aunque hay que decir que numerosas grandes empresas tienen un tipo efectivo bastante menor que ese tipo nominal. El Estado soportaría así un porcentaje de la dotación de esos fondos para los trabajadores, y quizá se podría establecer, para que resultase en parte compensado, que la dotación de esos fondos por parte de las empresas tuviera que ir necesariamente destinada a trabajadores en paro, con lo cual el Estado podría ahorrarse por otro lado las correspondientes prestaciones por desempleo que venía pagando a esos trabajadores.

En cuanto a las causas o los casos en los que podría disponer el trabajador de esa mochila o fondo acumulado, podría ser la salida del trabajador de la empresa, bien de forma voluntaria, o bien solo en los casos de despido por parte de las empresas, salvo que la salida voluntaria fuera quizá para crear una empresa por parte del trabajador saliente. La mochila acumulada la recibiría en todo caso el trabajador en caso de jubilación, con lo cual ello podría contribuir a aumentar las limitadas pensiones que recibe del sistema público de pensiones, y que con toda probabilidad van a ir disminuyendo en los próximos años, salvo que se tomen medidas políticas adecuadas y urgentes para evitarlo, dada la situación de quiebra técnica en la que se encuentra actualmente dicho sistema público de pensiones, que no va a tener ya fondos propios para desembolsar la próxima paga extraordinaria a los pensionistas (la de junio de 2020), dado que la hucha de las pensiones se ha quedado prácticamente vacía con el desembolso de la paga extraordinaria de este mes de diciembre. Por otra parte, el sistema no puede seguir recurriendo indefinidamente a los préstamos del Tesoro Público, por la imposibilidad de aumentar el déficit y el endeudamiento público.

El problema del desempleo en nuestro país es en todo caso profundo y estructural, y no se va a resolver con la implantación de este sistema, pero medidas de este tipo, junto con otras varias, podrían contribuir a aliviar en alguna medida este importante y acuciante problema.

En todo caso y al margen de la posible implementación de esta eventual mochila española para mejorar el marcado de trabajo y el empleo, es tan importante como urgente que los partidos políticos y grupos parlamentarios de este país se pongan de una vez las pilas de una forma unísona y coordinada, y lleguen a acuerdos fundamentales y prácticos para abordar, por una parte, este acuciante problema de las pensiones, y por otra el insufrible nivel de paro existente, merced al que venimos ostentando un claro y negativo liderazgo dentro del conjunto de países que integran la Unión Europea. Para ello los partidos tendrían que olvidarse del permanente postureo ante los ciudadanos en relación con este y con otros muchos temas, evitando adoptar sus habituales medidas cortoplacistas y/o electoralistas, y centrarse en alcanzar acuerdos que posibiliten soluciones y medidas eficaces para resolver estos dos profundos y permanentes problemas sociales en nuestro país.

Jesús Lizcano Álvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

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