Tercera prioridad

El Partido Popular ha anunciado su intención de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018, alegando que no le genera confianza la designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Convertir las apreciaciones subjetivas del Partido Popular en condición imprescindible para el normal funcionamiento del sistema constitucional demuestra la voluntad de monopolizarlo, aun al precio de destruir el principio básico en democracia de que las reglas se respetan cuando se ostenta la mayoría y también cuando no se ostenta. El pronóstico político detrás del obstruccionismo de los populares es que la actual legislatura será corta, razón por la que no quieren comprometer con la mayoría actual la composición del órgano de Gobierno de los jueces para los próximos cuatro años.

Referida a la justicia, esta actitud es alarmante y ratifica que el Partido Popular sigue confiando en controlarla y en contar con la connivencia de algunos profesionales, según confesó uno de sus senadores durante la legislatura pasada, Ignacio Cosidó. Proyectada, además, sobre la totalidad de los órganos del Estado, desde el Tribunal Constitucional hasta el Consejo de Radiotelevisión Española, trasciende los límites de la táctica política y se confunde con una grave deslealtad constitucional.

Precisamente porque el riesgo de que la legislatura sea corta existe, uno de los pocos objetivos posibles que las fuerzas parlamentarias pueden compartir es resituar el sistema en la normalidad. Y resituarlo en la normalidad significa que los contrapoderes institucionales estén en condiciones de actuar como tales, sin interferencias bajo cuerda de los partidos y sin que estos se arroguen derechos de veto donde las leyes establecen garantías para que su composición sea plural y preservar de este modo la legitimidad de ejercicio.

El nuevo Ejecutivo tiene ante sí la difícil disyuntiva de cómo hacer frente a esta actitud del Partido Popular, que, enrocándose en la deslealtad constitucional, solo busca que el sistema sea inoperante si no está bajo su control o que el Partido Socialista incurra en una deslealtad semejante, convalidando retrospectivamente unas acciones con otras. Ceder a esta última tentación no será nunca un ejercicio de realismo para el Partido Socialista, por más que pueda alegar en su descargo que el Partido Popular no le deja otra alternativa. Una lectura de fondo de los resultados electorales revela una realidad que los actuales líderes populares se resisten a contemplar, y es que la estrategia de la crispación a la que recurrieron algunos de sus predecesores no arroja en estos momentos los mismos beneficios partidistas que en el pasado. No solo porque quienes los están obteniendo son fuerzas más a su derecha, sino porque generalizan el hartazgo hacia el sistema.

Un Gobierno en minoría como el que ha conseguido formar Pedro Sánchez a partir de los resultados del 10 de noviembre puede encontrar dificultades para avanzar en el programa social con el que se ha comprometido, y también en la reconducción de la crisis territorial en Cataluña. Cualquier logro en una de ambas direcciones, por limitado que sea, deberá ser anotado sin reservas en su haber. Pero en ningún caso justificaría que se alcanzase sin ratificar con firmeza el compromiso del Partido Socialista con la Constitución, ni bajo la presión del insólito ventajismo exhibido por el Partido Popular, ni bajo la de los socios imprescindibles para completar la mayoría. Lo que este compromiso requiere en estos momentos es colocar la renovación de los órganos del Estado cuyo mandato se encuentra caducado parcialmente o en su totalidad al mismo nivel que las otras dos prioridades. Porque lo que también está en juego en esta difícil legislatura, larga o corta, es el fin de la excepcionalidad.