Ecosistema en peligro

La situación crítica en que se encuentra el mar Menor, la mayor laguna de agua salada de Europa, exige medidas excepcionales y consenso político para acometerlas. El decreto que acaba de aprobar el Gobierno de Murcia no cumple con ninguna de las dos exigencias. La norma solo cuenta con el apoyo de los partidos que forman la mayoría de gobierno: PP, Ciudadanos y Vox, y su contenido ha defraudado no solo al resto de fuerzas políticas sino también a los grupos ecologistas y los científicos que han intervenido en el diagnóstico ambiental. La falta de ambición resulta decepcionante. Más bien parece una medida para salir del paso tras el grave episodio que causó la muerte de peces y crustáceos en octubre pasado por falta de oxígeno. El decreto apenas incide sobre los factores que han causado el problema ambiental, y parece más interesado en preservar ciertos intereses económicos relacionados con el estamento agrícola que en recuperar al ecosistema de la albufera.

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La situación a la que se ha llegado es el resultado del incumplimiento sistemático de las normas ambientales que ya existían, con la tolerancia de las Administraciones Públicas, que desde 1998 habían sido advertidas en sucesivos informes de los peligros que para la laguna representaban el uso intensivo de aguas marinas subterráneas desalinizadas, y los vertidos de nitratos procedentes de la agricultura intensiva. Según la Fiscalía de Medio Ambiente, cada año se vierten a la laguna unas 3.300 toneladas de nitratos y se estima que hay unas 300.000 toneladas acumuladas en el acuífero que descarga en ella. Cuando se producen lluvias torrenciales como las de octubre pasado, el arrastre de nitratos aumenta.

El decreto plantea como medida más importante la prohibición de usar fertilizantes en una franja de 500 metros desde la orilla del mar, pero en esa zona apenas hay cultivos intensivos, en concreto 136 hectáreas de regadío de las 60.000 que tiene la cuenca. Y tampoco se muestra resolutivo en relación al otro gran problema que degrada la laguna, el de los vertidos urbanos. La norma suspende los nuevos desarrollos urbanísticos hasta que se apruebe un nuevo plan de ordenación territorial, pero se concede un plazo de cinco años para hacerlo y mientras tanto permite ampliar los núcleos consolidados.

Las críticas al decreto son, pues, merecidas, como también lo es el retraso en la aplicación del plan de Vertido 0, con 21 medidas y 600 millones de inversión que anunció el Ministerio de Transición Ecológica en octubre pasado. El que se encuentre en funciones no justifica que no se atiendan prioridades como esta. En cuestiones ambientales, las ocasiones perdidas suelen tener consecuencias irreparables. Cuanto más tiempo se pierda, más costará recuperar el ecosistema de la laguna.