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Reformas para el progreso: una oportunidad necesaria

Nuestros gobernantes y representantes políticos han dejado de lado los asuntos esenciales que afectan a las personas

Dos operarios en una fábrica de automóviles.
Dos operarios en una fábrica de automóviles.

Han pasado ya cinco años desde la salida de la última recesión, y los vaticinios de sobre una nueva recaída parece que no se cumplirán, al menos a corto plazo. Nuestra economía y el empleo apuntan a una continuación del crecimiento, aunque ciertamente muy moderado y a expensas de la marcha dictada por la evolución de acontecimientos y mercados globales. Sin embargo, los deberes no se han hecho. Diría que nuestros gobernantes y representantes políticos, cegados por la lucha partidista y por cuestiones que a la mayor parte de la ciudadanía le preocupan mucho menos de lo que ellos creen, han dejado de lado los asuntos esenciales que afectan a las personas. La clave está en el reparto de la riqueza. O en la ausencia de tal reparto. En estos últimos años hemos asistido a un crecimiento casi irreverente de las diferencias económicas y sociales, de la desigualdad, a nivel global y en España.

La clase trabajadora ve cómo la bonanza económica no se traduce en una mejora de su calidad de vida. La tasa de paro sigue estando en un 13,9%, casi el doble de la media de la zona euro, y 1,4 millones de personas llevan más de un año en situación de desempleo; el 26,8% de la población llega con dificultad a fin de mes, y el 36% no pueden afrontar un gasto imprevisto; una de cada cinco personas se encuentra en riesgo de pobreza (el 26% de los menores de 16 años, y el 14% de quienes tienen un empleo); la brecha salarial de las mujeres es de un 20%; y las retribuciones de los altos ejecutivos de las empresas del IBEX 35 son 130 veces superiores al salario medio de su compañía. No en vano España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea.

Y pese a ello, los poderes fácticos, instalados en una visión unidireccional de las cosas, siguen sin adoptar medidas que reviertan esta situación, lo que provoca un enorme descontento en las personas, abonando el terreno para el surgimiento de planteamientos de ultraderecha, mezquinos y retrógrados. Para contrarrestarlo, se requieren nuevas políticas, que acometan las reformas imprescindibles para situar a nuestro país en una senda de progreso que beneficie a la amplia mayoría social.

La resistencia de numerosas instituciones, lobbies y tertulianos defensores del establishment neoliberal está siendo numantina. Lo vemos en los recurrentes informes del Banco de España, obsesionado con desacreditar a toda costa la dignificación del salario mínimo; en las posiciones de la patronal, bloqueando cualquier reversión de las medidas de la reforma laboral de 2012, impuesta unilateralmente por el gobierno del PP con su aquiescencia; en la línea editorial y acción cotidiana de los medios de espectro conservador, anunciando groseramente cataclismos y crisis sin fin ante la llegada de un posible Gobierno progresista que aplique medidas sociales; en la gran banca, rescatada con el dinero de todos (con 65.000 millones irrecuperables), e indignada cuando se propone que aumente algo su escasa contribución impositiva.

Pero los poderes públicos no pueden continuar impertérritos ante los problemas de las personas. Demasiado tiempo se ha intentado entretener a la gente con el miedo y la bandera, y toca actuar. Hace ya tiempo que los sindicatos UGT y CC OO entregamos a los partidos políticos un documento en el cual proponíamos un decálogo de medidas realistas para impulsar cambio que necesita España, y que pasa por mejorar la vida de las personas. Estas propuestas son ahora aún más urgentes.

Es imprescindible derogar las dos últimas reformas laborales de 2012, como punto de partida para construir un modelo de relaciones laborales de calidad y con salarios dignos. Es insoslayable incrementar más el SMI, sacando del umbral de pobreza a miles de personas trabajadoras. Es obligado actualizar las pensiones conforme al IPC, para asegurar una vida digna a nuestros mayores. Hay que adoptar políticas de vivienda eficaces, que aumenten su accesibilidad para las personas jóvenes. Hay que acelerar la transición ecológica, compatibilizando el desarrollo económico con la sostenibilidad medioambiental. Es apremiante promover una mayor igualdad entre mujeres y hombres, y erradicar todo tipo de discriminación. Si no se ponen en práctica políticas concretas que atiendan todas estas cuestiones y muchas otras, que palíen ya mismo la crítica situación que viven muchas personas en este país y que enfrenten los problemas reales que les preocupan y afectan, entraremos en una situación de fractura social de consecuencias imprevisibles. El chicle del miedo no se puede estirar más. Por eso, debe haber un nuevo Gobierno con el valor y la cordura necesarios para adoptar esta política. Y en esta tarea siempre encontrará la colaboración de la UGT.

Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

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