Espera inhumana

Trece años después de haberse aprobado la Ley de Dependencia en España, su aplicación sigue lastrada por las carencias presupuestarias y lo que es peor: el número de personas que no reciben la prestación pese a tener derecho a ella, en lugar de reducirse, aumenta. En estos momentos, la espera media para recibir una ayuda o servicio es de 426 días, cuando la propia normativa establece un plazo máximo de 180 para resolver los expedientes. Según la interpretación que hace la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de los datos del propio Imserso, las diferencias entre comunidades autónomas son abismales. Mientras en el País Vasco o Navarra la demora media es de 137 y 155 días, en Canarias alcanza los 785 días de media. Cuatro comunidades —Canarias, Extremadura, Andalucía y Cataluña— tienen tiempos de espera superiores a los 18 meses de media, lo que significa que una parte de los dependientes espera más de dos y hasta de tres años. Semejantes diferencias son inaceptables y revelan la incapacidad crónica de nuestro sistema público para garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos a las prestaciones a las que tienen derecho.

El sistema de dependencia, considerado el cuarto pilar del Estado de bienestar, no se ha recuperado de los recortes aplicados en 2012 pese al incremento sostenido del PIB por encima de la media europea. A finales de noviembre, había en España 423.000 dependientes en lista de espera, de los cuales 266.000 ya tenían reconocido el derecho pero no recibían la prestación. Resulta descorazonador que por primera vez desde 2016 vuelva a aumentar el número de dependientes en espera de recibir la ayuda pese a tener reconocido el derecho. Y eso es imputable, en primer lugar, a las carencias presupuestarias del programa general de dependencia, cuya aplicación depende de las comunidades autónomas, pero también a la ineficacia en la gestión de las ayudas por parte de las autonomías más rezagadas, que deberían rendir cuentas a los ciudadanos por esa pésima gestión.

Esta lamentable situación penaliza especialmente a las familias más vulnerables, que no tienen recursos para atender a sus dependientes en casa ni pueden adelantar el dinero necesario para internarles en una residencia. Particularmente dramática es la espera de los dependientes más severos que precisan cuidados especializados, como es el caso de los enfermos de Alzheimer. Hay que tener en cuenta que el 54% de los solicitantes tienen más de 80 años. Se estima que este año, 31.000 dependientes a los que ya se ha reconocido el derecho a una prestación o servicio morirán sin haberlos recibido.

El sistema de dependencia, que atiende a 1,1 millones de personas, está desbordado y crece a un ritmo insuficiente para atender la demanda. El aumento previsible del número de afectados por enfermedades degenerativas asociadas a la edad puede llevarlo al colapso en un breve plazo. Si se quiere evitar, se han de dimensionar los recursos al aumento previsible de la demanda, priorizando las necesidades más acuciantes. Especialmente urgente es crear plazas de residencia. En estos momentos, la espera para acceder a una residencia a través del sistema de dependencia en, por ejemplo, Barcelona, es de cuatro años. No se puede presumir de Estado de derecho si las leyes no se cumplen y quienes las incumplen son precisamente las Administraciones públicas.