Europa contra Boris

La mayoría conservadora aprobó ayer en el Parlamento de Westminster no solo el acuerdo de retirada británica de la UE, conocido como Brexit, sino también la prohibición expresa de prorrogar el periodo de transición en el que debe negociarse el estatuto final de la relación futura Reino Unido-UE —que se iniciará a final de enero— más allá de la fecha final prevista, el 31 de diciembre de 2020.

Parece una cláusula burocrática o formalista, pues ya lo anunció en campaña electoral. Pero también inofensiva, porque a veces las proclamas de Johnson son bravatas: como sucedió en octubre cuando juró que prefería morir que aplazar el Brexit y debió resignarse —entonces, por falta de apoyo doméstico— a pedir el aplazamiento actual. Y de mera fachada, pues la ley de ayer puede corregirla otra contraria, que permita extender la negociación de forma que se culmine con suficiente preparación: los acuerdos comerciales internacionales suelen fraguarse en plazos de 4 a 7 años, y no de 11 meses como pretende.

Pero no es una medida burocrática, formalista, inofensiva o de fachada. Desmiente la promesa conciliadora a sus conciudadanos europeístas, y encierra un chantaje encubierto a sus —todavía— socios europeos. En efecto, busca presionar a una negociación precipitada y ventajista que le favorezca, pues el proceso de decisión de un Estado en solitario es más veloz que la fabricación de consensos entre los 27 y sus instituciones comunes. Y la conciliación de los intereses diversos de su población es más fácil que la de los, más contrapuestos, sectores productivos de la UE. Así que el mensaje implícito consiste en amenazar a la Unión con la alternativa a un acuerdo mal negociado: otra vez el Brexit caótico, salvaje, sin pacto. Lo que además retrotraería a los británicos al marco de las normas de la OMC, que precisamente está en crisis, al haber esterilizado Donald Trump su estructura de resolución de disputas, y, por tanto, el carácter vinculante de su normativa. Así que el salvajismo de esa alternativa se duplicaría, y aún más si el designio subyacente a los proyectos de Johnson consiste en convertir a su isla en una competidora desleal, con dumping fiscal y laboral.

Ese escenario alternativo “perjudicaría claramente nuestros intereses, pero más al Reino Unido, porque la Unión continuará beneficiándose de su mercado interior, su unión aduanera, y los 700 tratados internacionales firmados con nuestros socios”, advirtió antes, y con acierto, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “Si queremos un acuerdo importante necesitaremos más tiempo y continuar después del fin de la transición”, rubricó el negociador Michel Barnier.

Los avisos de Bruselas contra la insolente operación de Boris Johnson son correctos. Pero si prosigue su escalada habrá que responder con toda crudeza. Advirtiendo a los británicos de que si su primer ministro les conduce a un Brexit salvaje, este puede provocar la expulsión de Londres de todos los programas comunes de investigación y universitarios; la anulación de las ingentes ayudas europeas al proceso de reconciliación de Irlanda del Norte y la instauración de un rígido sistema de visados que obstruya la labor financiera de la City. Así que ninguna broma con las cosas de comer.