Retroceso

La diversidad lingüística es a la vez un derecho de los ciudadanos y una riqueza cultural que hay que preservar. En España, esa diversidad está amenazada por falta de apoyo institucional suficiente, según advierte el Consejo de Europa en su último informe sobre el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. España se adhirió en 2001 a este acuerdo aprobado en 1992 para asegurar la protección de las lenguas regionales o minoritarias que no son oficiales o que, siéndolo, están en peligro de retroceder. La carta establece que el uso de esas lenguas en la vida privada y pública de los ciudadanos es un derecho imprescriptible que debe ser preservado.

España tiene varias de las lenguas minoritarias más habladas entre las más de 40 que hay en la Unión Europea, por eso nos concierne especialmente la valoración que el Consejo de Europa hace de su cumplimiento. En un país como el nuestro, donde las cuestiones lingüísticas son objeto frecuente de confrontación política, es importante disponer de instrumentos de valoración objetiva, sin apriorismos y alejados de las pugnas partidistas. Por eso el contenido de este quinto informe debe ser tomado como una señal de alarma. España es severamente amonestada por el retroceso que están sufriendo en algunas comunidades autónomas las lenguas cooficiales. Especialmente alarmante es la situación del gallego y la rapidez con la que pierde hablantes entre los niños. En apenas una década, entre 2008 y 2018, el porcentaje de niños que no habla nunca en gallego ha pasado del 29,59% al 44,13%, cuando el porcentaje de ancianos que habla solo castellano es de apenas el 13%. Cuando falla la transmisión entre generaciones, el uso social de una lengua decae y su declive puede ser irreversible en muy poco tiempo.

El sistema educativo es un elemento clave en la supervivencia de una lengua. La Xunta de Galicia no puede ignorar las recomendaciones del informe y las críticas que contiene al modelo escolar introducido en 2010. El retroceso que experimenta el gallego indica que fue un grave error eliminar el sistema de inmersión que se preveía, especialmente importante, según la mayoría de los especialistas, en la etapa infantil. Aunque no tan acusado, el mismo problema se observa en la Comunidad Valenciana respecto al catalán, coincidiendo también con el cambio de modelo educativo.

El informe valora positivamente el sistema de inmersión lingüística porque, como se ha demostrado en Cataluña, protege la lengua cooficial “sin descuidar la importancia de la educación multilingüe” y asegurando al mismo tiempo que “los alumnos terminan sus estudios obligatorios con un alto dominio del catalán y el castellano”.

Otra de las asignaturas pendientes es el uso de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado, y particularmente en el sistema judicial. El Gobierno ha introducido recientemente estímulos para que puedan usarse en las causas judiciales cuyos resultados todavía no pueden evaluarse, pero dado el actual nivel de uso casi testimonial, habrá de intensificar el esfuerzo. Está demostrado que sin apoyo continuado y persistente de las Administraciones públicas, las lenguas minoritarias retroceden a gran velocidad. Tenemos un sistema jurídico que las protege, pero su cumplimiento es manifiestamente mejorable