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¿A quién defiende Ribó?

Atribuir a los demás las insuficiencias del sistema sanitario catalán es un disparate

El Síndic de Greuges, Rafael Ribo, comparece en el Parlament el pasado septiembre.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribo, comparece en el Parlament el pasado septiembre. EL PAÍS

A la crisis institucional que atraviesa Cataluña acaba de añadirse un motivo de grave desprestigio para uno de los organismos más apreciados: la figura del Síndic de Greuges, el equivalente al Defensor del Pueblo. Su titular, Rafael Ribó, ha atribuido en una entrevista radiofónica las listas de espera en la sanidad que gestiona la Generalitat a los pacientes provenientes de otras comunidades autónomas, lo que resulta del todo falso y proporciona material inflamable para la exaltación chovinista, basada en la falaz presunción de que los de fuera recortan bienestar y derechos a los nuestros.

Preguntado por las causas de las largas esperas solo se le ocurrió responder que “uno de los déficits que tiene la sanidad pública” es “que tiene un sobrecoste por la gente que viene a Cataluña a intervenirse”. Que Ribó centró toda la cuestión en ese flujo es obvio, porque no añadió ningún otro factor de explicación; que la dimensión de ese flujo sea problemática falsea la realidad, porque es mínima, y además existe un sistema, cierto que de funcionamiento irregular, para compensar económicamente a las comunidades receptoras de pacientes derivados; que las listas de espera tengan que ver con la derivación de pacientes es igualmente erróneo, porque esos traslados constituyen la excepción, basada en que el paciente no disponga en su lugar de origen de hospitales de referencia con la tecnología necesaria.

De modo que atribuir a los demás las insuficiencias del sistema sanitario catalán es un disparate. Pero todavía es peor lo que ocultó el síndico que lo que dijo. Cataluña es la peor comunidad autónoma por mayor número de pacientes en listas de espera (168.000) por una razón principal: la desastrosa gestión de la Generalitat al menos desde finales de 2011.

Primero fue Artur Mas quien le practicó los recortes presupuestarios más duros en toda España. Los sucesivos presidentes y consejeros (tampoco el más activista, Toni Comín, hoy residente en Waterloo) no han revertido algunos de sus aspectos más perjudiciales. Así que el principal problema es la falta de inversión. Algo que no es achacable a la insuficiencia de la financiación autonómica, pendiente de la reforma que dejó vencida en plazo y atascada en obra el Gobierno de Mariano Rajoy. No es solo un problema de cuantía, sino de porcentaje, que revela su peor gestión, comparada con los demás territorios. La Generalitat secesionista no solo invierte poco sino que destaca a la cola de las comunidades que menos porción de su presupuesto total invierten (28%), tras Navarra (25%) y empatada con La Rioja. El resto, encabezado por Asturias (40%), supera el 30%. Si dedica a la salud pública menos recursos porcentuales que los demás, es que les interesa menos la salud de sus ciudadanos. No que los demás asalten sus camas con alevosía.

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