Escándalo maltés

El anuncio de dimisión del primer ministro de Malta, Joseph Muscat, muestra la gravedad de la trama que rodea el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, cometido en 2017 y que causó un profundo malestar en la sociedad maltesa, parte de la cual se ha lanzado a las calles estos días exigiendo la renuncia del jefe de Gobierno.

Muscat anunció el domingo que formalizará su abandono del cargo en enero. Lo hace porque aseguró en el pasado que dimitiría si uno de los principales investigados por el asesinato de Caruana Galizia, el empresario Yorgen Fenech, resultaba finalmente procesado. La periodista investigaba un entramado de corrupción que incluía varias empresas situadas en paraísos fiscales cuando una bomba colocada en su coche acabó con su vida.

Pero lo preocupante para la institucionalidad de Malta es que las investigaciones de Caruana Galizia iban mucho más allá del tejido empresarial y afectaban al poder político. En concreto, a cercanos colaboradores del primer ministro. Uno de los puntos clave es el exjefe de Gabinete de Muscat, Keith Schembri, con quien el empresario investigado compartía intereses en empresas con sede en Panamá o Dubái. El magnate aseguró que Schembri estaba implicado en el asesinato. La policía, después de detener e interrogar al excolaborador del primer ministro, lo ha puesto en libertad al no encontrar elementos que permitieran mantenerlo en prisión. En la investigación policial también resultó implicado el ministro de Economía, Christian Cardona, quien presentó en su momento la dimisión, que, sin embargo, fue rechazada.

Es esta relación irregular entre el poder político y el empresarial sospechoso de corrupción y asesinato la que ha precipitado una seria crisis política en este Estado miembro de la UE, con miles de personas exigiendo la renuncia del Gobierno. Criticando los episodios de violencia registrados en las protestas, Muscat ha optado por una vía intermedia. No abandona el cargo inmediatamente, para permitir una transición ordenada en su partido, pero a la vez ha dejado claro que su tiempo en la política ha terminado. No parece fácil por el momento determinar si es un acierto o una estrategia que, por el contrario, contribuirá a agravar el descontento y a empeorar la crisis.

Lo fundamental es que la justicia maltesa pueda llevar sus investigaciones hasta el final depurando todas las responsabilidades. Del mismo modo, aunque esta vía no tenga un desarrollo penal, los gobernantes relacionados —independientemente de su cargo— deben asumir las derivadas políticas de un crimen y un entramado de corrupción que constituyen una mancha incompatible con los valores que encarna la Unión Europea, a la que Malta pertenece.