Europa debe liderar la inclusión de la discapacidad en la cooperación internacional

El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha para reflexionar sobre el estado de la inclusión y el respeto de los derechos humanos en el mundo. Según el Informe mundial sobre el tema, publicado en 2011 por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, el 15% de la población del planeta tiene alguna discapacidad. La mayoría de estas personas vive en países en desarrollo y más del 80% se encuentra en condiciones de pobreza debido a la marginalización y las dificultades que enfrentan en el acceso a servicios básicos, la educación y el empleo. El papel de la cooperación internacional para el desarrollo es, por tanto, fundamental para la protección y promoción de los derechos enunciados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Además, durante la última década se ha producido un esfuerzo global para la consideración de la inclusión en el desarrollo, sobre todo desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que hace hasta 11 referencias a la discapacidad. Esta nueva agenda ha permitido promover estrategias e iniciativas para que las experiencias y las preocupaciones de las personas con discapacidad formen parte de manera integral en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas en cualquier ámbito.

En este contexto, varias iniciativas de relevancia mundial se han puesto en marcha recientemente, como por ejemplo la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, las Cumbres Globales de Discapacidad de Londres 2018 y Buenos Aires 2019, la creación de la red Global Action on Disability (GLAD) o la introducción del marker sobre discapacidad de la OCDE.

La Unión Europea, primer donante mundial de ayuda oficial al desarrollo, puede y debe jugar un papel protagonista ya quela institución como sus 28 Estados miembros han firmado y ratificado la CDPD. De hecho, en sus Observaciones finales de 2015 sobre el informe inicial de la UE, el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad recomendaba la adopción de “una política de desarrollo armonizada” para que la UE “desempeñe un papel de vanguardia en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que tengan en cuenta a las personas con discapacidad”, también a través de fondos para “proyectos e iniciativas cuyo objetivo respete lo dispuesto por la Convención”.

Europa presenta todas las características para avanzar en la dirección adecuada, ser un ejemplo para otros donantes y organismos internacionales y que los derechos de las personas con discapacidad nunca más sean dejados atrás

Así pues, de cara al nuevo cuadro financiero plurianual 2021-2027 de la Unión Europea y sus relativos planes y programas de cooperación, se hace aún más patente la necesidad de un compromiso fuerte y claro de las instituciones europeas y sus Estados miembros con la inclusión de las personas con discapacidad en el marco de un enfoque de derechos humanos.

De acuerdo con el Consenso Europeo sobre Desarrollo, este liderazgo europeo pasa también por los Estados miembros. En este sentido, España también puede posicionarse como un referente ya que cuenta con instituciones y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el desarrollo inclusivo tal y como demuestran la Guía para la inclusión de la discapacidad en cooperación para el desarrollo, redactada por la AECID con la contribución de entiddades de personas con discapacidad, o las recientes incorporaciones de FIIAPP, AECID y Fundación ONCE a la red GLAD.

Son numerosas las iniciativas puestas en marcha en este sentido, pero aún queda mucho trabajo por hacer. El estudio piloto Inclusion of persons with disabilities in European Union development cooperation mechanisms, publicado recientemente por el proyecto europeo Bridging the Gap, analiza el papel desempeñado por la UE en este ámbito y propone un decálogo de acciones a corto y medio plazo para la mejora de las políticas inclusivas en cooperación internacional.

Entre las medidas propuestas destacan la mejora de la recolección de datos relativos a discapacidad así como de la accesibilidad física de las infraestructuras de las Delegaciones de la UE en el exterior, la formación del personal —planteando incluso la creación de un servicio de ayuda sobre discapacidad en las oficinas de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea— y, sobre todo, una mayor transparencia e implicación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en todas las fases de la planificación, implementación y seguimiento de las políticas de desarrollo internacional, en línea con el lema de la CDPD: Nada sobre nosotros, sin nosotros.

El desarrollo inclusivo es una cuestión de derechos humanos y si realmente queremos dar cumplimiento a la Agenda 2030, debemos incluir a ese 15% de la población mundial muchas veces obviado en los planes de desarrollo internacional. Europa presenta todas las características para avanzar en la dirección adecuada, ser un ejemplo para otros donantes y organismos internacionales y que los derechos de las personas con discapacidad nunca más sean dejados atrás.

Federico Martire es director de Bridging the Gap, proyecto de cooperación europeo sobre la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en países de renta media y baja liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

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