Elegir campo

La constitución oficial de las Cámaras, el próximo martes, exigirá de los partidos políticos con representación parlamentaria una relevante decisión sobre la composición de las Mesas. En concreto, sobre la posibilidad de que una fuerza como Vox obtenga un puesto en el órgano de dirección del Congreso de los Diputados. El momento de elegir las Mesas llega apenas días después de que Vox aprovechara el Día Internacional contra la Violencia de Género no solo para reafirmarse en sus posiciones contrarias a las políticas adoptadas para erradicarla, sino también para llamar obscenamente la atención en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Madrid en presencia de algunas víctimas de esta lacra. No es, con todo, la primera vez que Vox lo hace en la capital, ni tampoco la única huella de su activismo propagandístico para relativizar la violencia contra las mujeres.

La estrategia de Vox pasa por hacer de espectáculos como los de Madrid, en los que el ventajismo político se precipita en la indecencia, una prueba fehaciente de que no es un partido como los demás, sino una fuerza que se coloca deliberadamente al margen de los consensos básicos en todas las sociedades democráticas y que busca medrar electoralmente a través de su deliberada destrucción. Hablar de cordones sanitarios para impedir que un partido de estas características tenga un lugar en la Mesa del Congreso traslada al terreno de las especulaciones estratégicas unas razones que son estrictamente políticas. La pregunta específica a la que tienen que responder los partidos que han obtenido representación parlamentaria no responde a una reflexión teórica de cómo actuar frente a la ultraderecha, sino al requerimiento inmediato de si prestarán o no sus votos para que Vox pueda superar el rechazo de otras fuerzas a las que amenaza con la ilegalización o con llevar a los tribunales en el caso de que alcancen determinados acuerdos políticos.

El Partido Popular parece sumido en un debate sobre la conveniencia de facilitar o no el acceso de Vox a la Mesa del Congreso. Los dirigentes que se oponen evitan manifestarse públicamente, mientras que los partidarios de prestar a Vox los votos que requiere para estar en la Mesa argumentan que se trata de una fuerza constitucionalista. Con este razonamiento no solo se arrogan la prerrogativa de decidir quién está del lado de la Constitución, sino que, además, ponen de manifiesto el oportunismo con el que pretenden ejercerla: constitucionalistas son las formaciones que necesita el Partido Popular para alcanzar mayorías de gobierno y no lo son todas las demás.

La proporcionalidad que desde 1978 han venido observando los grupos parlamentarios a la hora de elegir la composición de la Mesa del Congreso no deriva de una exigencia del reglamento, sino de una práctica acordada desde el respeto y consolidada por el tiempo. Es ese respeto el que Vox está menoscabando porque en eso consiste su programa: en despreciar como producto de una supuesta “dictadura progre” los avances políticos, económicos y sociales que experimentó España al dejar atrás otra dictadura, esta sí verdadera, por la que, sin embargo, Vox siente irredimible nostalgia. Al Partido Popular, y también a Ciudadanos, corresponde una vez más elegir con sus votos qué campo es el suyo.