Refugiados en la calle

España se ha convertido en uno de los cinco países europeos que más demandas de asilo recibe. El año pasado, se registraron 95.000 solicitudes, el doble que el ejercicio anterior, muchos de ellos procedentes de países de América Latina en los que hay violencia o inestabilidad. La llegada de extranjeros que solicitan asilo ha desbordado los precarios servicios de acogida, especialmente en Madrid, hasta el extremo de que cada noche hay familias con niños durmiendo en la calle. Aunque se han aumentado las plazas, las 14.000 camas habilitadas por la Secretaría de Estado de Migraciones resultan del todo insuficientes para atender las necesidades. Apenas uno de cada cuatro solicitantes recibe algún tipo de ayuda o protección por parte de la Administración. Muchos solicitantes pernoctan en parroquias y locales facilitados por las organizaciones humanitarias y dependen de la caridad o la solidaridad para sobrevivir.

La falta de recursos públicos para atender a tantos demandantes de asilo deja en la intemperie a los más vulnerables. Esta grave situación vulnera la Ley de 30 de octubre de 2009 del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, que establece la obligación de proporcionar servicios sociales y de acogida a los solicitantes en estado de necesidad. En concreto, su artículo 30 establece que “se proporcionará a las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad”. Dormir en la calle o en el suelo de una iglesia está lejos de satisfacer esas condiciones de dignidad. La ley dedica especial atención a la protección de los menores, que representan el 20% de todas las solicitudes.

La citada ley incorpora a la legislación nacional varias directivas europeas que regulan en el espacio comunitario los derechos y las obligaciones de los demandantes de asilo, así como los procedimientos y plazos para tramitar los expedientes. La Oficina de Asilo del Ministerio del Interior tiene abiertos y pendientes de resolución más de 120.000 expedientes. El largo periodo de tramitación hasta obtener una respuesta a la solicitud, que puede alargarse hasta dos años, es otra de las graves carencias del sistema de acogida español y añade incertidumbre a una situación estresante que genera sufrimiento y angustia. La inestabilidad que viven cada vez más países de América Latina hace prever un aumento de las demandas de asilo, lo que agravará las carencias del actual sistema de acogida. Las autoridades deben revisar los protocolos de actuación para agilizar los trámites y dar seguridad jurídica y amparo a quienes tengan derecho al asilo. Es una cuestión de justicia y coherencia jurídica. El Estado no puede incumplir sus propias normas.