Sin excusas

Diversos colectivos independentistas vienen amenazando durante las últimas semanas con provocar disturbios en Cataluña, y tal vez en el resto de España, coincidiendo con la jornada de reflexión previa a las elecciones generales que se celebran el próximo domingo. Los planes podrían contemplar, incluso, la ocupación de colegios electorales. Lleguen a materializarse estas amenazas o no, el simple hecho de dejarlas circular entre los ciudadanos convocados a las urnas constituye un ataque al sistema democrático. No solo porque lo que se pretende es que el miedo esté presente en unas jornadas que deberían transcurrir libres de toda coacción, sino también porque lo que queda demostrado es que para el secesionismo existen objetivos políticos que pasan por encima de la voluntad de los ciudadanos. Dicho en sus propios términos: si amenazan con alterar un proceso electoral regulado por leyes que obligan a todos es porque esto no va de democracia, sino de independencia. Y va de independencia por las buenas o por las malas.

Ante una amenaza de estas características, no es concebible que la oposición haga responsable al Gobierno de los eventuales disturbios, intentando capitalizar como apoyo electoral para su opción el riesgo al que se podrían enfrentar las elecciones mismas. Adoptar esta posición equivale a llevar el ventajismo hasta extremos en los que resulta imposible distinguirlo de la deslealtad con el sistema constitucional. Los responsables de cualquier ataque contra instituciones y procedimientos democráticos son única y exclusivamente quienes lo perpetran, y nada justifica buscar excusas para no cumplir con el propio deber en la suposición de que, si lo necesita, el Partido Socialista hoy en el Gobierno alcanzará pactos políticos con fuerzas partidarias de la secesión para revalidar su mandato. Si, en opinión de la oposición, estos pactos potenciales son el mayor peligro que acecha al sistema constitucional, en su mano estuvo haberlo conjurado sin necesidad de llegar a estas nuevas elecciones. En el caso de Ciudadanos bastaba con no haberse enrocado en la obsesión de quiméricos sorpassos, y en el del Partido Popular con haber ofrecido desde su posición minoritaria la abstención que reclamaba desde la mayoritaria.

El hecho de albergar dudas sobre la respuesta de un Govern presidido por Quim Torra, y sostenido por la ambigüedad de ERC, cuyas declaraciones no mantienen correspondencia con sus acciones, no es tampoco excusa para fingir que no existe, obviando la obligación política de interpelarlo en el Parlament y en los actos de campaña. En este caso, no se trata solo de que le corresponda la competencia de orden público en Cataluña, sino también de que los disturbios con los que amenazan los grupos con los que comparte el objetivo político de la secesión buscan interferir unas elecciones. Desde el momento en que los partidos que sostienen el Govern también concurren a ellas, están obligados a dejar muy claro si mantienen el compromiso de hacerlo en las mismas condiciones que los demás o, por el contrario, están dispuestos a aceptar la ayuda de quienes amenazan la jornada de reflexión y tal vez los colegios electorales. Para el Govern, el dilema no es cuestión de palabras, sino de dar instrucciones precisas a los Mossos y de respaldarlos y ampararlos una vez que actúen.