La última mentira

La última mentira de Boris Johnson, reiterada en el propio Parlamento, es que estuviera negociando con Bruselas un nuevo acuerdo para el Brexit. Hasta ayer mismo no había llegado a Bruselas ninguna propuesta de enmienda o de sustitución del acuerdo alcanzado con Theresa May. La negociación que estaba en marcha era con los unionistas norirlandeses de extrema derecha del DUP (Democratic Unionist Party), que quieren permanecer íntegramente en el Reino Unido, sin ninguna frontera ni física ni comercial que les separe de los británicos, pero a la vez se ven obligados a mantener los compromisos que permitieron la paz en el Ulster en los Acuerdos de Viernes Santo de 1998.

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Johnson pretende soplar y sorber a la vez, es decir, que el Ulster permanezca en la futura unión aduanera británica separada de la Unión Europea y que no reaparezca la desgraciada frontera física que separó antaño la República de Irlanda de los condados británicos de Irlanda del Norte. Aunque asegura que no se levantarán de nuevo las malditas vallas y torretas de vigilancia ni tampoco los puestos fronterizos, asociados a la violencia, Johnson quiere construir dos fronteras invisibles para garantizar los controles aduaneros y fitosanitarios, una entre las dos Irlandas y la otra entre las dos islas. Una de sus mayores originalidades es que propone entregar al Ulster el poder para anular los acuerdos cada cuatro años.

A pesar de sus desmentidos, queda en entredicho la preservación del mercado único, por cuanto la UE dejaría de contar con una frontera exterior nítida y perfectamente controlable, sustituida por una doble frontera, como una especie de válvula, en una Irlanda del Norte integrada en el mercado único agroalimentario pero no en el régimen fiscal y aduanero. Para colmo, los norirlandeses tendrían cada cuatro años la posibilidad de echar el cerrojo a una frontera exterior de la UE en función de sus intereses locales. No es extraña la satisfacción manifestada por los unionistas norirlandeses.

Boris Johnson quiere obtener en 15 días, desde ayer hasta el 17 de octubre, lo que Theresa May no consiguió en dos años: un acuerdo entre Londres y Bruselas para la salida de la UE que sea aprobado por el Parlamento de Westminster y también por los otros 27 socios. En los discursos y documentos ha evitado los empujones para que nadie pueda decir que la suya es una propuesta definitiva y sin posibilidad de respuesta, un lo tomas o lo dejas que sirva para cargar sobre los 27 la responsabilidad de un Brexit a las bravas. Pero los hechos son más elocuentes que las palabras: el margen para la negociación es nulo. El documento presentado ayer pudo haber sido un buen punto de partida para discutir con dos años por delante, como los que ha tenido la salvaguarda irlandesa que Boris Johnson considera inaceptable, pero como recurso de última hora es la premonición de un fracaso. Si es así, el único camino que le quedará a Bruselas será arbitrar un nuevo aplazamiento, que será ya el tercero, para evitar llegar al 31 de octubre sin acuerdo.

Si Theresa May contaba con los progresos de la tecnología para el control de mercancías y personas sin necesidad de frontera física, Boris Johnson extiende su confianza a las administraciones, transportistas y empresas para que realicen en origen los controles y verificaciones documentales del tráfico intrafronterizo. Parece claro que esta es una propuesta sin vocación de permanencia y para salir del paso, pendiente además de unos bienes muy escasos en la relación entre Londres y las capitales europeas, como son la confianza y la solidaridad europeas, palabras totalmente vaciadas de sentido a estas alturas, tras la mendaz, torturada y fatigante peripecia del Brexit.