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Lección de Tarajal

Las 15 muertes en la playa de Ceuta fueron especialmente odiosas porque fueron gratuitas

Varios manifestantes en la marcha de 2017 en memoria de las víctimas de la playa del Tarajal.
Varios manifestantes en la marcha de 2017 en memoria de las víctimas de la playa del Tarajal.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, María de la Luz Lozano, decidió el pasado martes procesar a los agentes de la Guardia Civil que, en febrero de 2014, se vieron envueltos en un incidente fronterizo en el que perdieron la vida 15 personas que se disponían a entrar ilegalmente en España a través del mar. En línea con la posición de la Audiencia Provincial, que por dos veces ordenó proseguir la instrucción del caso por “su calado humano, social y jurídico”, la juez Lozano considera que los agentes ahora procesados pudieron cometer un delito de homicidio imprudente y otro de denegación de auxilio al emplear medios antidisturbios para que los inmigrantes no pudieran alcanzar la orilla en Tarajal, en la zona colindante entre Marruecos y España. De acuerdo con el auto dictado por la jueza, el procesamiento parte de indicios, no de hechos.

Esta matización de la jueza puede ser interpretada no solo como una expresión de prudencia, sino también como una salvaguarda para que la justicia debida a las víctimas no se haga únicamente a expensas de los agentes encausados. Resulta difícil admitir que la alternativa que parece plantear el desarrollo de este caso sea condenar judicialmente al último eslabón en la cadena de la seguridad fronteriza para evitar que una quincena de muertes quede impune, algo intolerable para un Estado de derecho. Y ello es así porque los agentes recibieron órdenes de mandos superiores y porque esas órdenes respondían a protocolos de actuación aprobados por instancias políticas. Ni en el momento de producirse los sucesos ni durante los cinco años que lleva instruyéndose la causa nadie por encima de los guardias civiles se ha comportado como se espera de quien ostenta el mando de un cuerpo jerarquizado. Tampoco la justicia parece haberse interesado por investigarlo. Y, por lo que respecta a las responsabilidades políticas, ni siquiera el trágico balance que arrojaron los hechos llevó a que el Gobierno de la época considerase asumirlas.

Las 15 muertes en Tarajal fueron especialmente odiosas porque fueron gratuitas, fruto de anteponer obcecadamente la salvaguarda de las fronteras a la integridad de las personas, como bien señala el auto de la jueza Lozano. Más allá de los avatares que aguarden al juicio, de los argumentos que puedan esgrimir las acusaciones y las defensas, y de la sentencia que la justicia imponga a los inculpados, la dramática lección de Tarajal no puede caer en el olvido. Sobre todo en unas circunstancias como las que vive Europa, atrapada en la falsa disyuntiva de renunciar a sus principios o exponerse al triunfo de los partidos que agitan los sentimientos contra la inmigración después de crearlos con una mezquina intención electoral.

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