Gesto para Italia

El nuevo Gobierno de Italia ha logrado el compromiso de la vecina Malta, la presidencia de turno finlandesa de la Unión Europea (UE) y la locomotora francoalemana para redistribuir a una parte de los inmigrantes que recibe su país: inicialmente eran los náufragos recogidos por las ONG y por la Guardia Costera, un 9% de los que llegan a sus costas, lo que enseguida ha sido corregido y generalizado.

Como toda salida que implique un alivio a este drama humanitario, ese acuerdo debe celebrarse. Y doblemente, porque supone además —y sobre todo— un gesto de socios europeos clave en apoyo a la rectificación de la política italiana tras la autodefenestración del demagogo populista Matteo Salvini.

Desde esa perspectiva, que es la de la lucha contra las coartadas del populismo antieuropeo, el acuerdo es prometedor. Porque intenta contrarrestar la percepción de la opinión pública transalpina —bastante fundada— de que su país fue abandonado a su suerte, cuando el gran flujo migratorio se desplazó desde 2015 del Mediterráneo oriental al resto, tras el acuerdo de la UE con Turquía.

Asentada esa bienvenida al pacto, a renglón seguido hay que subrayar que solo tendrá un impacto sensible en la política migratoria de la Unión si supone un acicate a su renovación, como un ensayo parcial del principio de solidaridad que debe inspirarla. Las limitaciones iniciales del acuerdo eran remarcables. Ni Grecia ni España fueron convocadas, siquiera como coadyuvantes, cuando totalizan el grueso del flujo migratorio sureño: en lo que llevamos de año, Grecia ha acogido a 41.940 personas, y España a 21.972; en conjunto, casi 10 veces el contingente de 6.844 llegado a Italia.

Aunque puedan y deban realizarse operaciones concretas de apoyo especial, según el tamaño cambiante de los flujos, la cuestión migratoria no puede segregarse en compartimentos estancos. No debe haber un enfoque distinto para el corredor mediterráneo central que para el oriental o el occidental, ni diferente trato a los rescatados por una vía o por otra, a los náufragos recogidos de uno u otro modo, a los llegados a una u otra frontera externa de la Unión. Todos estos extremos, que suscitaban fuertes interrogantes sobre el texto inicial, han empezado a pulirse, en gran medida a instancias de España.

Dar bandazos por causa del impacto mediático de un naufragio, colocando la verdad visual sobre la verdad estadística, conllevaría riesgos, como el de que se acabe primando lo que se quiere desincentivar y se discrimine negativamente a los más eficaces en evitar las tragedias.

La nueva legislatura europea y sus renovadas instituciones deben, por el contrario, expandir el principio de solidaridad que entraña el pacto de apoyo a Italia. Urge reformar el Convenio de Dublín. Sobre todo para enfatizar que, tras la llegada de los flujos, se proceda a un reparto equilibrado de los costes (y mayores oportunidades) que suponen: la Comisión cesante lo intentó; la entrante debe lograrlo.

La entera estructura de la Unión Europea, su mercado interior, su unión aduanera y su Carta de Derechos ilustran la combinación de orientaciones necesaria, entre las responsabilidades individuales de cada socio y la cohesión de todos ellos, bajo el principio de normas comunes acordadas según los valores democráticos y humanitarios.