Rosario o la espinosa encrucijada de AMLO

El encarcelamiento de Rosario Robles, exministra de Estado del Gobierno de Enrique Peña Nieto, abre en México toda suerte de especulaciones políticas ¿Se trata del principio del fin de la supuesta tregua con el expresidente? ¿es una maniobra mediática para distraer a la opinión pública y compensar la precaria situación económica que enfrenta la actual Administración? ¿o se trata simplemente de que el Gobierno del cambio dejó actuar a la justicia con libertad en un escandaloso caso de corrupción?

Evidencias hay, sin duda, y estas no fueron maquinadas por las nuevas autoridades. La llamada Estafa Maestra, en la que está involucrada Rosario Robles, fue un mecanismo diseñado para el saqueo masivo de fondos públicos, presumiblemente con el propósito de obtener recursos ilegales para las campañas del PRI, entonces el partido político oficial. La operación fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación, del poder legislativo del periodo anterior, y profundizada y divulgada por Mexicanos Unidos Contra la Corrupción (una institución fundada por un antilopezobradorista confeso) y por periodistas del portal Animal Político. Es cierto que la Estafa Maestra no solo operó en las dos Secretarías dirigidas por Rosario Robles, toda vez que hay otras 10 dependencias señaladas, pero desde que se hizo público, antes del triunfo de López Obrador, el escándalo periodístico se centró en la exfuncionaria, sea porque los montos lo ameritaban o los datos exhibidos fueron más prolijos en su caso.

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Por donde se le mire se trata de un suceso extraordinario en un país acosado por la impunidad; los exministros no suelen pisar la cárcel, no importa los pecados que hayan cometido. El último caso fue hace 30 años, cuando el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari emprendió una batalla en contra del secretario de Agricultura de su predecesor por malversación de fondos, con todos los visos de tratarse de una vendetta política. ¿Estamos ante lo mismo? ¿una vendetta o se trata de una muestra de que algo en materia de combate a la corrupción podría estar cambiando en México?

La verdad es que hay argumentos para alimentar cualquiera de las dos hipótesis. El estilo y las capacidades de López Obrador pueden nos ser del gusto de muchos, pero no puede ignorarse su obsesión por pasar a la historia como el presidente que erradicó la corrupción en el gobierno. Su cruzada por la austeridad y la eliminación de privilegios de la burocracia están a la vista e incluso es criticada por sus excesos. Y si bien ha señalado que su Gobierno no se distraería con pecados del pasado, también ha dicho que no haría nada por impedir los procesos que estuvieran en curso. Y desde luego lo de Robles y lo de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y actualmente en fuga, eran los dos principales escándalos antes de que el presidente tomara posesión.

Del otro lado, despierta susceptibilidades el hecho de que hasta ahora el único pez gordo detenido por la Estafa Maestra sea justamente Rosario Robles. Una exlíder y excompañera de partido del hoy presidente, y a quienes muchos en Morena tienen animadversión por considerarla una traidora a la causa. Algunos comentaristas consideran que en el caso de Robles los tribunales han sido particularmente severos. Vamos, para la opinión pública hay pocas dudas de que la funcionaria operó o accedió a la maquinación fraudulenta, pero los expertos afirman que las pruebas aportadas por el fiscal no ameritaban la prisión preventiva, como ha sido el caso.

En México los exministros no suelen pisar la cárcel, no importa los pecados que hayan cometido

Sea cual sea el motor que impulsa el encarcelamiento de Rosario Robles, sea la política as usual o sea la justicia inédita, sea la intervención de López Obrador o se trate de la independencia por fin de los tribunales, lo cierto es que el hecho desencadena consecuencias políticas decisivas para el presidente.

En un aparente exabrupto de la defensa de Robles el litigante alegó que la funcionaria había informado de las irregularidades señaladas por la Auditoría al expresidente Enrique Peña Nieto y al entonces secretario de Hacienda José Antonio Meade, y exadversario de AMLO por la presidencia. Esto significa que los dos podrían ser acusados, al menos por omisión, porque la práctica fraudulenta siguió en marcha. Y aunque el abogado de Robles se retractó o corrigió, el juez entendió que había motivos para iniciar una averiguación sobre las dos figuras mencionadas.

Ello supondría una bomba política. En términos de popularidad sería un golpe mediático gigantesco a favor de López Obrador y un parteaguas en la historia de México. Pero en función de credibilidad y confianza en la relación entre élites y gobierno provocaría una crisis difícil de resolver porque nadie entre los poderosos se sentiría a salvo de lo que sería interpretado como una persecución, diga lo que diga AMLO sobre la autonomía del poder judicial. Para la élite, el presidente habría roto su palabra de que, en bien de la estabilización, no daría golpe en contra del régimen anterior ni desataría una cacería de brujas.

En las declaraciones de López Obrador se advierte una especie de ambivalencia, seguramente resultado de este difícil dilema. Por un lado, sus ánimos justicieros le llevaron a declarar que Rosario Robles es en última instancia un chivo expiatorio, claramente encaminando las baterías en dirección a los dos mencionados. Por otro, sus exhortos apaciguadores y sus deslindes muestran que a ratos ya no quiere meterse en mayores entuertos de los que ya enfrenta ni lastimar aún más la precaria relación con los capitanes del dinero. En este momento creo que ni él mismo sabe cual derrotero prefiere y, en efecto, está dejando que tribunales y la Fiscalía operen por inercia o por lo que ellos interpretan que el soberano desea. Esperemos el final de temporada.

@jorgezepedap