Cuestión de orden

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, despachará hoy con el jefe del Estado en Marivent. El encuentro viene marcado por las persistentes dificultades para formar un Ejecutivo, así como por las declaraciones de don Felipe alertando sobre la repetición electoral y por una doble propuesta del Partido Popular: acordar con el Partido Socialista una figura distinta de Pedro Sánchez, cuya investidura apoyaría, o dejar paso a un Gobierno suyo y de Ciudadanos con la abstención de los socialistas. Con este movimiento por sorpresa, anunciado en la estela de las declaraciones del Rey, el Partido Popular y su presidente, Pablo Casado, intentan colocar sobre Sánchez la responsabilidad de una eventual vuelta a las urnas y recuerdan a Ciudadanos quién lidera la oposición. Las alternativas que pretende imponer se resumen en que, si Sánchez no se aparta, se verá obligado a regresar al no es no ante una posible investidura de Casado que este sabe condenada de antemano al fracaso.

La propuesta no es la broma del día, como señaló el Partido Socialista, sino una iniciativa que altera el ritmo de negociación con otras fuerzas que pretendía Sánchez, obligándole a buscar los acuerdos posibles. El Partido Popular ha pasado página sobre el supuesto derecho a gobernar del partido más votado, que reclamó de los demás cuando este era su caso. Y cuenta para completar este interesado viraje con la obstinada estrategia de Ciudadanos, máximo responsable de que fuerzas radicales y antisistema hayan sido incorporadas a las mayorías municipales y autonómicas. Sin su negativa de principio a negociar con los socialistas, la fórmula de acuerdo con la ultraderecha no se hubiera normalizado hasta el extremo de que hoy el Partido Popular puede contemplarla para el Gobierno central. Buscar justificación a la grave situación creada contraponiendo los acuerdos con Bildu a los de Vox es esconder la responsabilidad detrás del desafuero: Ciudadanos pudo evitar unos y otros con solo tomar conciencia de la posición que le concedieron las urnas, y de anteponer el reforzamiento de la centralidad del sistema a la ensoñación partidista del sorpasso. Para redondear el absurdo, Casado es paradójicamente quien más provecho está obteniendo de la estrategia adoptada por Rivera para desbancarlo.

El movimiento anunciado por el Partido Popular persiste en decidir primero quién gobernará y posponer la cuestión esencial de para qué lo hace. Esta alteración del orden sirve para ocultar deliberadamente el papel reservado a Vox en este plan, una fuerza antisistema que ha dejado su impronta en los programas de todos los Gobiernos en cuya investidura ha colaborado. Con un agravante que merece la máxima atención: sus propuestas de dudosa constitucionalidad no son rechazadas por el Partido Popular y Ciudadanos, sino incorporadas mediante eufemismos. Haber permitido que esta fuerza influya en los Ejecutivos municipales y autonómicos ha sido una irresponsabilidad, pero amagar siquiera con incorporarla a la del Gobierno del Estado es sacrificar las convicciones democráticas a la más descarnada ambición de poder.

En pocas fechas, el Rey deberá convocar una nueva ronda con los partidos ante un segundo debate de investidura. El sistema constitucional ya está pagando el coste de que, desde las elecciones de 2015, la práctica política haya puesto el acento en la mayoría para investir al candidato dejando para más tarde la necesaria para gobernar, induciendo la parálisis. A esta disfunción se puede sumar ahora la de comparecer ante el jefe del Estado sin que los líderes le presenten la mayoría parlamentaria de que disponen para recibir el encargo de formar Gobierno. Pero seguir por esta vía es ahondar el deterioro: si no se le presenta al Rey una mayoría previamente pactada, no puede haber encargo. Sánchez está en condiciones de presentarla. Casado, no.