Dos veces víctimas

No está al alcance de todos cometer los peores crímenes de nuestro Código Penal. Existen algunos como el genocidio, los crímenes de guerra o los de lesa humanidad que precisan de algunas capacidades especiales. Para cometerlos suele ser necesario tener altas responsabilidades militares o gubernamentales, estar en posición de dar órdenes contra la población civil que supongan un ataque general o sistemático y que estas órdenes sean obedecidas. Sin embargo, todos estamos en posición para revictimizarles. ¿Cómo? Negándoles, ignorándoles, insultándoles, banalizando su dolor, su sufrimiento, su testimonio, impidiéndoles el acceso a la justicia. Es ahí donde, sin haberles inmolado empuñando una pistola, un machete o la pluma con la que se sentenció su destino, les hacemos doblemente víctimas con nuestro desdén, burla, chistes e incluso, con la indiferencia o el negacionismo.

Se están publicando en diferentes medios artículos referidos a la reciente noticia de que Inés Madrigal, denunciante en el caso de los niños robados, tras un largo proceso localizó a su familia biológica y averiguó que, frente a su sospecha de haber sido un bebé robado, fue entregada a priori voluntariamente por su madre al doctor Vela. Basándose en ello, los autores se dedican a revictimizar a las madres, que desde hace años luchan contra el trauma de haber sido separadas de sus bebés con el deseo de hallar justicia, verdad y reparación.

Este caso, entre decenas de miles, no es representativo de nada, más allá de que, entre todos aquellos que indiciariamente encajarían en supuestos de robo de bebés, caben las muertes fortuitas en el parto o las adopciones voluntarias. Es obvio.

En situaciones normales, ante indicios de comisión de delito, los mecanismos del Estado trabajan para investigar, instruir, juzgar y en su caso condenar o absolver. Es eso lo que demandan las asociaciones de víctimas de bebés robados. No quieren ni pretenden condenas judiciales sin juicio previo. Lo que anhelan es atención, justicia y un esfuerzo real por indagar los hechos sobre los que giran sólidos indicios para esclarecer la extraña desaparición de sus hijos y, en su caso, averiguar su paradero. Y es eso precisamente lo que, de forma reiterada, se les niega.

Hablamos de mujeres extremadamente vulnerables que se vieron sometidas al robo o a la “entrega voluntaria” de sus hijos, en unas condiciones en las que otra alternativa vital, social, política o religiosa era inviable. Estas “entregas” a los doctores y/o a las religiosas de la época eran subrepticias y las recepciones, clandestinas. Y cuando estos disponían de los bebés, los daban a quienes decidían, invistiéndose de una auctoritas que no poseían. Estas iniciativas eran arbitrarias al hallarse fuera del circuito del sistema legal de adopciones. ¿En qué lugar queda el acto voluntario? ¿Dónde el consentimiento informado? ¿Dónde la posibilidad de conocimiento de las víctimas...?

Hay indicios que apuntan a la posible comisión de un crimen de lesa humanidad y, por tanto, de la imprescriptibilidad de los hechos

En ese camino se han ido acumulando informes como el del Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, y el del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, ambos datados en 2014. O el informe de la Misión y Recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeoque visitó España en 2017. Y siguen su curso los procedimientos ante la Justicia que en Argentina y México intentan dar respuesta a las víctimas.

A pesar de esta tozuda realidad, existen todavía muchos que prefieren hacer una lectura simplista o intencionadamente torcida de la misma. Quizás no me equivoque demasiado si me aventuro a decir que, en el supuesto de que Inés Madrigal hubiese constatado que fue robada al nacer, detractores de la memoria de las víctimas y de los derechos humanos habrían alegado que se trataba de un caso aislado y nada más.

No les tiembla el pulso a estos negacionistas, sin embargo, para preconizar que el resultado del test de ADN de Inés Madrigal es automáticamente extrapolable a todos. Un rotundo carpetazo para cientos de víctimas que custodian desde hace décadas certificados médicos contradictorios, testimonios intrigantes de personal del hospital, tumbas vacías o que no se corresponden con sus vástagos, actas manipuladas, protocolos desobedecidos… Indicios que apuntan a la posible comisión de un crimen de lesa humanidad, por tanto de la imprescriptibilidad de los hechos, y que deberían servir para iniciar una investigación judicial eficiente, imparcial e independiente.

Es más fácil seguir negando sistemáticamente el acceso a la justicia a estas personas. No consideran que aún en el supuesto de que jamás hubieran sido víctimas del robo de sus bebés perpetrado por el Estado, por médicos o por órdenes religiosas, desde luego sí han sido víctimas de la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, como ocurre reiteradamente en todo lo que se refiere a esa época oscura de la dictadura franquista.

Baltasar Garzón es jurista y presidente de FIBGAR.