Europa actúa

La paciencia de la Comisión Europea con España en materia de contaminación se ha agotado. El incumplimiento sistemático de los límites de polución ambiental establecidos en la directiva de calidad del aire ha llevado al organismo comunitario a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La directiva se aprobó en 2008 y era de obligado cumplimiento a partir de 2010. España lleva desde entonces incumpliendo esos límites, con gravísimas consecuencias para la salud de los ciudadanos, especialmente en las grandes áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, donde las muertes prematuras por la contaminación se cuentan por miles cada año.

La Comisión Europea había paralizado el expediente abierto a España en 2015 al comprobar que los Ayuntamientos y organismos metropolitanos de estas conurbaciones habían aprobado planes para reducir la contaminación. Pero la decisión del nuevo equipo de gobierno del PP, Ciudadanos y Vox de paralizar y revertir las restricciones de tráfico previstas en Madrid Central ha precipitado la denuncia. La irresponsabilidad del nuevo Consistorio madrileño en esta materia lo ha llevado a adoptar una decisión improvisada y falta de rigor, movida únicamente por razones partidistas. Su único propósito era intentar demoler el legado de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, sin justificar razones objetivas para tal decisión y sin prever ninguna alternativa.

Los políticos que asumen responsabilidades de gobierno deben entender que no es legítimo actuar de forma tan arbitraria y alejada del sentido común en ninguna materia, pero mucho menos en las políticas que inciden sobre la salud de los ciudadanos. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Madrid ha dilapidado de golpe el crédito que había logrado restablecer con los planes aprobados en el anterior mandato, tras años de incumplimientos y de falta de diligencia de las Administraciones gobernadas por el PP para afrontar los problemas ambientales.

El Informe de Evaluación de la Calidad del Aire correspondiente a 2018 enviado por el actual Gobierno a Bruselas indica ligeras mejoras respecto del año anterior, pero persisten zonas de alto riesgo por dióxido de nitrógeno, el principal contaminante provocado por el tráfico, en Madrid, el área metropolitana de Barcelona, el Corredor del Henares y Granada. De modo que no solo deben mantenerse las medidas previstas en Madrid y Barcelona sino ampliarse a otras capitales. No hay que esperar a que la denuncia contra España conduzca a las sanciones previstas en la directiva. El Consistorio acumula ya cuatro decisiones judiciales en contra de revertir Madrid Central. El varapalo que ahora llega de Europa debe llevar al equipo de gobierno del alcalde Martínez-Almeida a reconocer el error cometido y rectificar sin demora.