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Crimen sin castigo

Las torturas infligidas al capitán Rafael Acosta Arévalo son inconcebibles en un país que se proclama comprometido con el Estado de derecho

Protesta por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, el viernes en Caracas.
Protesta por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, el viernes en Caracas. Getty Images

Las torturas infligidas al capitán de corbeta opositor Rafael Acosta Arévalo son propias de dictaduras africanas y estalinistas e inconcebibles en un país que se proclama comprometido con el Estado de derecho. El delito no debiera quedar impune, pero probablemente no se haga justicia porque la división de poderes en Venezuela es simulada o inexistente, según convenga. Solo el convencimiento de los torturadores de que tenían barra libre para arrancar confesiones explica el salvajismo de fracturas, desolladuras, latigazos, politraumatismos y edema cerebral, según la autopsia publicada por el periodista de Últimas Noticias Eligio Rojas, no desmentida oficialmente.

Tan incalificable es el martirio al que fue sometido el oficial como incomprensible que la jefatura de la Dirección General de Contrainteligencia Militar siga al mando, amparada por un Gobierno que pretende justificar lo injustificable y desviar la atención liberando a presos que no hubieran debido ser encarcelados o lo fueron sin respetar sus derechos. Esas maniobras son frecuentes. Hace menos de un año, el opositor Fernando Albán murió en la sede del Servicio de Inteligencia. Solicitó ir al baño y se lanzó al vacío desde un décimo piso. El fiscal general y militante chavista, Tarek Saab, convalidó la versión policial y dio carpetazo al asunto. Ahí quedó la “exhaustiva” investigación prometida.

Poco cabe esperar de la próxima a su cargo, que probablemente dedique más esfuerzos a enfriar el delito y construir coartadas que a esclarecer los hechos, cristalinos a juzgar por el informe forense. Remota la depuración de responsabilidades con prontitud e independencia, audiencias internacionales deberían abordar la muerte del capitán y las 6.800 atribuidas a los cuerpos de seguridad y milicias parapoliciales, entre enero de 2018 y mayo de 2019, en el informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. El número de ejecuciones extrajudiciales del documento se antoja exagerado y se omite material que debiera ponderarse, pero el comportamiento gubernamental negando la mayor aporta relevancia al recuento de Naciones Unidas aun corrigiéndolo a la baja. El Ejecutivo alega que el 82% de las entrevistas corresponden a personas que no viven en el país, cuando debiera preguntarse por el origen de esa desproporción, por el silencio de quienes callan por miedo a represalias. Llegará un momento en que el 100% de los entrevistados responderá desde Colombia, España o EE UU: desde el exilio.

Las invocaciones a cerrar filas arguyendo que Estados Unidos amenaza la soberanía nacional todavía movilizan a los militares nacionalistas, pero la muerte a palos de un compañero de armas es harina de otro costal. La acusación de que tramaba un magnicidio nada cambia porque, como apunta el informe, la complicidad de leyes, políticas y prácticas redujo el ámbito de la democracia y la justicia en Venezuela, desmontó el control institucional sobre el Ejecutivo y franqueó el paso a graves violaciones de derechos fundamentales.

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