Estrategia para el automóvil

Aunque es pronto para hablar de crisis, el mercado del automóvil en España ha entrado en una fase de incertidumbre peligrosa a medio plazo que requiere decisiones políticas y económicas de cierta profundidad. El descenso continuado de las matriculaciones, el hecho de que las ventas a los particulares hayan caído casi el 18% durante el mes de junio y el estrangulamiento de la producción son indicios suficientes de que el automóvil se enfrenta a un periodo de inquietud causado por un cambio en ciernes, pero ya muy claro, en el modelo energético del transporte hacia energías más limpias.

La industria automovilística, que es la segunda en importancia del PIB español, se enfrenta por primera vez en muchos decenios a la necesidad, incluso la urgencia, de cambiar de forma radical las fuentes de energía que mueven los coches. El cierre del centro de las ciudades y la preocupación lógica por la emergencia climática empujan a sustituir los carburantes por motores eléctricos o híbridos y generan dudas entre los compradores de coches. En tiempos de salarios bajos y empleos precarios la inversión en un coche se convierte en una decisión estratégica; un conductor no invertirá miles de euros en un vehículo si no se despejan las dudas sobre su posible utilización en ciudad, sus cargas fiscales o sobre las prestaciones que, al fin y al cabo, condicionarán su uso. Por otra parte, todavía no se han disipado las sombras de sospecha por la estafa de las mediciones trucadas en los modelos diésel. Y el Brexit ha causado serios daños en la producción, en tanto que el Reino Unido era un comprador importante de la producción nacional.

En suma, el mercado del automóvil necesita una definición estratégica que, por el momento, los fabricantes no saben precisar y las administraciones públicas no están en disposición de aclarar. La industria tiene que tomar una decisión nítida en favor de la producción eléctrica e híbrida, para acompañar el cambio medioambiental que se pide desde una parte cada vez más amplia de la sociedad. Decidirse por esta opción significa que los precios de los vehículos eléctricos tendrán que bajar, que los fabricantes tendrán que garantizar el suministro eléctrico y que los modelos ecológicos fabricados habrán de mejorar sus niveles de servicio.

Esta definición estratégica requiere, además, una acción coordinada entre los fabricantes y las administraciones públicas. Es inaceptable que se cambien de un día para otro las exigencias de circulación por el centro de una ciudad tan emblemática como Madrid, de forma que la regulación medioambiental que antes favorecía el uso de automóviles eléctricos o híbridos queda suprimida de un plumazo. Tampoco es lógico que, por falta de cuidado, se corra el riesgo de que Bruselas pueda considerar como ayudas públicas ilegales parte de las concedidas a la planta de producción de Vigo. El Estado, las autonomías y, sobre todo los ayuntamientos, han de fijar con claridad el marco medioambiental del transporte público; sólo así los fabricantes y los compradores sabrán a qué atenerse y cuáles deben ser sus decisiones de inversión o de compra.