Desafío hongkonés

El asalto al Parlamento de Hong Kong por parte de manifestantes antigubernamentales el pasado lunes es un acto de extrema gravedad, que coloca al Gobierno de Xi Jingping ante la crisis social más importante de su mandato iniciado en 2013.

En la misma fecha en la que se conmemoraba la devolución del territorio por parte de Reino Unido a China, decenas de manifestantes rompieron las puertas de la Cámara, irrumpieron en el hemiciclo y enarbolaron una bandera de la época colonial. Un acto de desafío al régimen de Pekín al que acusan de querer acabar con las libertades civiles que, para lograr la restitución de la colonia en 1997, se comprometió con Londres a mantener en el territorio.

Lo cierto es que China ha respetado el concepto de lo que entonces fue anunciado como “un país dos sistemas”, pero de un modo sui generis. Los ciudadanos de Hong Kong gozan de libertades civiles y políticas —incluyendo el derecho de manifestación— impensables para el resto de sus compatriotas chinos, pero que al mismo tiempo, son mucho menores de las que disfrutaban bajo el mandato británico. Lenta pero sistemáticamente, el régimen chino ha ido estableciendo mecanismos legales que en la práctica han supuesto una merma real en la autonomía del territorio.

De hecho, el desencadenante de esta crisis es otra ley —que esta vez afectaba a la extradición de detenidos de Hong Kong al territorio chino bajo sistema comunista— que ha sido interpretada por la ciudadanía como el enésimo paso para terminar con el estatus especial del lugar. Las manifestaciones masivas celebradas desde comienzos de junio —cuando un millón de ciudadanos de un total de siete salió a la calle— han conseguido que el Gobierno autónomo, y controlado por Pekín, anuncie la suspensión del debate sobre la nueva normativa en el Parlamento local. Es un mero trámite, dado que la mayoría de la Cámara viene impuesta desde Pekín. Pero los manifestantes no se han dado por satisfechos y exigieron primero, la retirada completa de la ley y, después, la dimisión de la primera ministra Carrie Lam, a quien los manifestantes no ven como alguien con margen de maniobra, sino como una alta funcionaria del presidente Xi.

Asaltar un parlamento en nombre de la democracia no deja de ser una contradicción insostenible. Los manifestantes harían bien en tener en cuenta otras vías para hacer valer su causa. Al mismo tiempo, China debe mantener sin trampas ni atajos el compromiso alcanzado no solo con Reino Unido, sino también con los habitantes de Hong Kong de respetar el estatus democrático del territorio. Los hechos dirán si Xi mantiene el compromiso de “un país dos sistemas” u opta por tratar de terminar con una novedosa solución un contencioso histórico.