Pactos secretos

La revelación el martes de la existencia y el contenido de acuerdos secretos entre el PP y Vox para repartirse cargos en los Ayuntamientos constituye una prueba más de que este género de pactos entrañan un peligro para el sistema. Un acuerdo secreto entre fuerzas políticas es inaceptable en democracia por cuanto la transparencia en un sistema constitucional no solo permite imputar responsabilidades, sino poner en conocimiento de los votantes aquello que se ha negociado en su nombre. La publicidad en los pactos hace que los participantes rindan cuentas sobre los consensos fijados en ellos a partir de los que expresar y justificar sus razones, pero también es un mecanismo de control de la ciudadanía hacia dirigentes en los que se ha depositado la confianza. Esa confianza, que vale para garantizar la discreción que toda negociación requiere, no puede extenderse al resultado de la misma, que necesariamente deberá ser público y accesible a todo el mundo.

El acuerdo oculto entre Vox y PP convenía en su primer punto que la formación ultraderechista apoyaría los Ayuntamientos de España “en todas aquellas poblaciones donde la alianza PP-Cs-Vox pueda impedir un Gobierno de izquierdas”, mostrando a su vez el peso relativo otorgado a los programas frente a una idea de ejercicio público del poder basado en el ávido acceso a cargos políticos. La obligación de las fuerzas políticas de rendir cuentas por sus actos en una democracia es aún más decisiva cuando la acción es la condición que garantiza su entrada en el poder: la transparencia en los acuerdos permite conocer qué es lo que se ha cedido a cambio del mismo.

Tampoco es comprensible la “exigencia de discreción” sobre un acuerdo que asombrosamente firmaban PP y Vox y que incluía a Ciudadanos en el ámbito de sus negociaciones. La experiencia de Madrid muestra por qué es tan importante poner en conocimiento de los votantes con quién se pacta y por qué se está pactando, sobre todo cuando hay formaciones, en este caso Ciudadanos, que han pretendido fingir que ignoraban los acuerdos y después han aparecido en ellos como partes implicadas.

Esto, que parece un ejemplo, comienza a convertirse en una peligrosa pauta generalizada, pues si es exigible pedir a la formación de Rivera que aclare esta posición por mor de la transparencia, lo es también a los socialistas navarros sobre las conversaciones que, vía Geroa Bai, podría estar manteniendo con EH Bildu. Como en Madrid, la publicidad sobre lo que está ocurriendo en Navarra es aún más trascendente si lo que se dirime es un Gobierno que podría depender de una formación independentista que integra legítimamente el juego democrático, pero que, como sucede con Vox, defiende un proyecto político que a día de hoy es incompatible con los presupuestos de nuestra Constitución. Conviene que el partido en el Gobierno en funciones aclare exactamente cuál es el movimiento de piezas en esta partida, pues queda la sospecha de que este acuerdo a varias bandas podría estar haciéndose por dos razones. La primera es que se haya pactado a cambio de hacer a la candidata socialista, María Chivite, la próxima presidenta de Navarra, y la segunda, que se esté intentando cerrar la abstención de Bildu para un apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Si existe esa oferta sería recomendable que Ciudadanos dejara de actuar como el perro del hortelano cuando sabe que puede evitar aquello que denuncia. No parece coherente que ante una situación como la dada con el PSOE en Navarra se rasgue las vestiduras cuando está en su mano evitarla.