Transición pendiente

El anciano dictador de Argelia Abdelaziz Buteflika fue despachado hace dos meses. Parte de su clan político y empresarial se halla detenido y deberá responder ante la justicia. Y acaba de decaer la última oportunidad de mantener la elección presidencial, prevista para el 4 de julio, bajo el control del viejo sistema de poder. Todo ha sucedido por el empuje democrático de la ciudadanía movilizada desde hace 15 semanas, indignada primero ante la quinta ocasión en que el enfermo dictador pretendía presentarse a la elección presidencial, luego por los propósitos de reforma constitucional tutelada y de convocatoria de nuevas elecciones bajo estricto control del clan presidencial y finalmente por el papel adoptado por el general y jefe del Estado Mayor, Ahmed Gaid Salah, el auténtico hombre fuerte del régimen, que pretende controlar la transición a pesar de su avanzada edad, 79 años, y de las sospechas de corrupción que pesan sobre él y su familia.

El régimen ha ido cediendo una tras otra todas sus cartas y agotando cualquier viso de legitimidad. Ya no sirve ninguna de las previsiones constitucionales para asegurar la continuidad a través de una sucesión reglada. La defectuosa Constitución argelina es un texto muerto e inservible, del que solo cabe salvar dos artículos para inspirar la imprescindible transición democrática que exigen los ciudadanos: el 7, que reconoce al pueblo argelino “como fuente de toda soberanía”, y el 8, en el que se le otorga “el poder constituyente”.

Está en la mano de los mandatarios que todavía permanecen al frente de las viejas instituciones, como el general Salah o el jefe del Estado interino, Abdelkader Bensalá, presidente del Consejo de la Nación o Senado, que el actual vacío político se convierta en una transición, mediante la convocatoria de elecciones libres y la apertura de un proceso constituyente, o que prosiga el actual marasmo a la espera de un agotamiento del impulso democrático.

La amenaza que pesa sobre Argelia es el modelo de salida militar que ya impera en Egipto desde el golpe de Estado del general Abdelfatá al Sisi en 2013, que desplazó del poder al presidente islamista Mohamed Morsi y sumió el país en una oleada represiva. Gaid Salah, como Al Sisi, el coronel libio faccioso Jalifa Hafter o la actual junta militar instalada en la represión en Sudán cuentan con el mecenazgo político de las monarquías petroleras del golfo Pérsico, inquietas ante una democratización que pudiera llegar a las puertas de sus palacios, y con la indiferencia de una Europa más preocupada por sus propios problemas que por la democracia de los vecinos del sur.