Decíamos anteayer

El error de Rajoy respecto al independentismo catalán no fue su defensa cerrada de la legalidad constitucional, a la que estaba obligado por su cargo, sino su incapacidad para articular una salida política en el marco de esa legalidad. Y no es cierto que no hubiera alternativas políticas sobre la mesa.

Su sucesor en La Moncloa, Pedro Sánchez, lo formuló de manera más directa en respuesta a una interpelación del portavoz de ERC Joan Tardà: “Nosotros queremos votar un acuerdo y ustedes pretenden votar una ruptura”. De manera igualmente sintética lo había dicho Sánchez un año antes en una entrevista en el EL PAÍS: “No se trata de votar para dividir sino de acordar para votar”. En una viñeta de Peridis publicada el 30 de julio de 2018, el personaje que representa a Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, decía esto: “Lo que los catalanes tienen que votar es un acuerdo político”. A lo que el monigote que quiere ser Puigdemont sobrevuela la escena enganchado a una estrella de la que cuelga un cartel que reclama: “República o república”.

La única posibilidad de negociación que puede admitir el Estado es una reforma del Estatut en el marco y con las limitaciones que impone la Constitución. Un referéndum que reconociera al pueblo de Cataluña la última palabra no tendría por qué ser una consulta dirimente entre partidarios de la independencia y contrarios a ella, sino de ratificación del acuerdo al que hubieran llegado las partes.

Así lo vio también el lehendakari Urkullu al advertir de que si bien la última palabra debe corresponder a la población de Cataluña, lo sometido a votación tendrá que ser lo negociado, el acuerdo, y no las propuestas presentadas por cada una de las partes: “Hay que desterrar la idea de que la consulta es para la independencia. No. La consulta puede asociarse a una pregunta pactada (por ejemplo, un acuerdo sobre la reforma del Estatut cuya ratificación se votaría en referéndum)”.

Ya se sabe el resultado de una votación en los términos planteados por Puigdemont y Torra: división de la población en dos partes de peso similar y bloqueo político. Por ello lo que debe cambiar es la pregunta del referéndum. No si el votante es favorable a la independencia o la rechaza, sino si está de acuerdo con el pacto que puedan alcanzar las partes sobre la reforma del Estatut en el marco de la Constitución. La intervención de ambos gobiernos en la negociación garantiza la presencia de los intereses y aspiraciones de todos los actores.

Cuando los nacionalistas plantean que el acuerdo lo sea sobre el referéndum y no sobre posibles alternativas al referéndum (ilegal), están reclamando que se les conceda de entrada no la independencia pero sí la apertura de un camino que solo conduce a ella mediante la autodeterminación.

Sería un error suponer que el acuerdo para negociar las demandas soberanistas implica dar de entrada la razón a quienes las presentan. Es una característica del mundo nacionalista. Reclaman diálogo, negociación, acuerdos; pero dando por establecido el desenlace; lo que supone eliminar lo sustancial del diálogo.