Seguridad por encima de todo

Hace ya muchos años que los ingenieros españoles están entre los más cotizados del mundo. Entre otras virtudes, por su capacidad para abordar cualquier proyecto de obra pública, por complejo que sea. Y por gran parte de su formación y de su posterior desarrollo profesional, que rota en torno a un concepto: la seguridad. "Desempeña un papel determinante. Para los ingenieros de Caminos, este aspecto es primordial. La responsabilidad de quien ejecuta una obra pública es objetiva, puesto que están en juego la vida de los ciudadanos y la durabilidad y utilidad de unas construcciones que son esenciales en el desarrollo económico y social", admite el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera.

La seguridad es la piedra angular en torno a la cual giran las grandes infraestructuras de un país: carreteras y autovías, vías férreas, puertos y aeropuertos, canales y obra hidráulica, depuradoras... "Y las empresas españolas de ingeniería, que son líderes mundiales en muchos sectores, contemplan desde hace décadas la seguridad como un capítulo fundamental y, a la vez, consustancial al proyecto y a su ejecución", prosigue Santamera.

La unanimidad en torno a esta cuestión es absoluta. Las medidas de seguridad deben formar parte de la concepción inicial de la obra y deben estar incorporadas al proyecto desde su propia confección. Si existe el mínimo riesgo para la vida de las personas o para la estabilidad de la infraestructura, esta no se llevará a cabo. Pero los expertos coinciden en otro punto: la seguridad absoluta no existe. Y siempre pueden surgir imprevistos a lo largo de la vida útil de la infraestructura. "Lo que debemos hacer los ingenieros es minimizar los riesgos lo máximo posible y hacerlo de una manera que sea económicamente sostenible. Una cosa está clara: cuanta más seguridad garantices, más caro será construir y mantener la infraestructura", apunta el director general del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), Fernando Argüello.

Es precisamente el mantenimiento uno de los aspectos clave de la seguridad en la obra pública. En España, una de cada cuatro infraestructuras públicas supera en la actualidad los 20 años. En 2007 este porcentaje era del 14,2%. Un informe reciente de la Fundación BBVA advierte de que "la inversión en infraestructuras ha vuelto al nivel de antes de la entrada en la UE, lo que ha propiciado un envejecimiento del stock (...). Si el ritmo inversor se prolonga en los niveles tan bajos de los últimos años, el peso de las infraestructuras con más de 20 años de antigüedad se duplicará en poco más de una década, representando en 2030 más del 50%". Este envejecimiento afecta de manera especial a las grandes obras hidráulicas, portuarias y viarias.

Déficits injustificables

Argüello comparte este diagnóstico. Carreteras y grandes infraestructuras hidráulicas (conducciones, estaciones de bombeo, depuradoras, redes de tuberías) "padecen un déficit de mantenimiento" debido a que en los últimos años "en España se ha contratado por precio". "Eso da lugar a corto plazo a que aparezcan muchos imprevistos y surjan los famosos modificados de obra. A largo plazo, los problemas que pueden surgir son de mantenimiento y de seguridad en la infraestructura", lamenta este ingeniero.

Desde el año pasado, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el panorama ha empezado a cambiar. En los pliegos del contrato debe primar la calidad del proyecto sobre el precio. Una premisa que ha sido obviada por muchas Administraciones debido a los recortes. Nada que ver con lo que ocurre en EE UU, donde, desde 1972, la Ley de Brooks obliga a todas las obras públicas con dinero federal a seleccionar a la empresa de ingeniería únicamente por criterios de calidad.

No obstante, las infraestructuras que se extienden a lo largo del territorio español muestran unos niveles altos de calidad y de seguridad. "Pero apreciamos que hay un margen de mejora en el que la ingeniería tiene un papel fundamental", incide el presidente de Tecniberia, Luis Villarroya. En su opinión, la situación en nuestro país es buena "aunque no hay que relajarse, hay que mantenerse permanentemente alerta". Así, invertir en conocimiento antes de la obra y durante su mantenimiento tiene un coste ínfimo y reduce riesgos no deseados. Villarroya apela a una "mayor sensibilidad social" para mantener y conservar las infraestructuras públicas.

El pasado mes de febrero, el Ministerio de Fomento presentó el Informe sobre la seguridad en los transportes y las infraestructuras. El trabajo concluye que España dispone de un sistema de transporte seguro, con determinadas áreas de mejora. Entre las acciones propuestas por el Gobierno sobresale un paquete importante de medidas de refuerzo de la seguridad ferroviaria y una reorientación presupuestaria hacia el refuerzo del mantenimiento y la seguridad.

2,5% del PIB, el objetivo

"El deterioro de nuestro stock de capital público requeriría una dotación anual de presupuesto equivalente al 2,5% del PIB, y desde 2012 estamos invirtiendo muy por debajo de este valor", advierte el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez. Por su parte, Pablo Sáez, director-gerente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), apela a un gran pacto de Estado en materia de infraestructuras. Esta entidad estima que, solo el año pasado, el déficit de conservación y mantenimiento de carreteras de la red del Estado fue de 540 millones de euros. Por ese motivo, desde Acex consideran que la inversión prioritaria desde Fomento debe enfocarse a asegurar la conservación y, una vez garantizada esta cuestión, proceder a la planificación y ejecución de nuevas obras.

En ese sentido, el secretario general de CC OO de construcción y servicios, Vicente Sánchez, aboga por una subida anual de medio punto en inversión pública en infraestructuras para acercarnos a la media europea del 3%. "Y abordar la seguridad de la infraestructura desde un punto de vista integral, que tenga presente tanto a los usuarios como a los operarios que se deben encargar de su mantenimiento. Por ejemplo, existe un grave problema de seguridad de los trabajadores de explotación y conservación de carreteras", concluye el sindicalista.