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Peldaño a peldaño

Las normas que rigen los debates en los medios públicos no son caprichosas ni resultan obsoletas

Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias, poco antes del inicio del debate a cuatro de las elecciones del 26-J (2016).
Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias, poco antes del inicio del debate a cuatro de las elecciones del 26-J (2016). EFE

Los responsables de la campaña del PSOE anunciaron la pasada semana que su candidato, Pedro Sánchez, acudirá a un solo debate electoral, en un medio privado y no en la televisión pública. Esta decisión contraviene un protocolo no escrito que, desde 1993, ha contribuido a fortalecer el sistema democrático, acompañándolo de buenas prácticas dirigidas a reforzar la eficacia de las normas y facilitar la formación del criterio de los ciudadanos antes de depositar el voto. En lugar de proseguir los avances en esta dirección, la negativa a acudir a TVE los pone en entredicho, por más que se intente presentar el propio interés electoral como un generoso sacrificio para que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de un partido de ultraderecha.

Las normas que rigen los debates en los medios públicos no son caprichosas ni resultan obsoletas frente a supuestas nuevas realidades demoscópicas, como parece dar por supuesto la decisión del PSOE. Las limitaciones garantizan la neutralidad en periodo electoral, que se vería gravemente comprometida si los partidos en el Gobierno, o los responsables de la corporación, pudieran decidir según su criterio qué fuerzas participan en los debates y cuáles serán excluidas. La prueba es, precisamente, que TVE no puede albergar el formato a cinco que le interesa al partido hoy en el Gobierno, y es por eso por lo que solo acudirá al organizado en un medio privado.

El PSOE, como cualquier otro partido, es libre de adoptar la estrategia electoral que estime oportuna. No tanto para poner abrupto fin a una práctica que, como la celebración de debates en la televisión pública según las normas en vigor, forman parte del sistema de garantías con el que el Estado refuerza la neutralidad en periodo electoral. Su decisión no vulnera ese sistema, sino que, sencillamente, lo vuelve irrelevante. Con el agravante de que, como demuestra la degradación de la vida pública desde la que arranca la actual campaña, cada peldaño que un partido desciende en el respeto a las buenas prácticas democráticas es considerado por sus rivales como el umbral, no para remontar, sino para seguir descendiendo.

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