Arma arrojadiza

La educación ha irrumpido en la campaña electoral, pero no lo ha hecho de forma que se pueda suscitar un debate sereno y sosegado sobre las reformas que son necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza y acabar con la elevada tasa de fracaso y abandono escolar, sino como arma arrojadiza entre fuerzas políticas. El fuerte componente ideológico que se observa en algunas de las propuestas que se han conocido hasta ahora no permite albergar esperanzas sobre la posibilidad de que la educación deje de ser un instrumento de lucha política y partidista.

El PP y Ciudadanos han insistido estos días en propuestas divisivas y con un fuerte sesgo político que no favorecen el clima de consenso necesario para abordar esta cuestión. Entre ellas destaca la libertad de elección de las familias que propone Pablo Casado, una medida de gran calado que altera por completo el modelo educativo y puede ir en detrimento de la fortaleza de la escuela pública. Ambos partidos abogan también por la utilización de la alta inspección para perseguir un supuesto adoctrinamiento difícil de determinar y que puede derivar en un intento de control ideológico de carácter partidista; y un tratamiento del castellano como lengua vehicular que no busca la convivencia sino la confrontación con otras lenguas cooficiales.

Estas y otras polémicas medidas desgranadas en campaña indican que la educación volverá a ser uno de los elementos centrales de la batalla política, lo que nos aleja del escenario que sería deseable para abordar de forma efectiva y constructiva los grandes desafíos del sistema educativo en las próximas décadas. Tras el fiasco de la LOMCE, precisamente por falta de consenso en su elaboración y desarrollo, deberíamos haber quedado vacunados contra este tipo de dinámicas, pero parece que no aprendemos de los errores del pasado. A causa de esos errores hemos perdido oportunidades de mejora y se ha sometido a las familias y a la comunidad educativa a una tensión innecesaria. El sistema educativo acusa ahora la decepción y el cansancio de los docentes por los constantes vaivenes legislativos y, a la vista de las propuestas que se formulan, tiene motivos para temer que seguirán bajo la ley del péndulo ideológico.

Los ciudadanos esperan que los partidos se pronuncien sobre cuestiones como el porcentaje del PIB que debe destinarse a la educación; cómo se va a extender la escolarización de cero a tres años para garantizar la igualdad de oportunidades; si se va a implantar una carrera docente con mecanismos de evaluación y formación continuada, y qué medidas concretas proponen para reforzarse las plantillas y mejorar la calidad de la enseñanza. Y que concreten si están dispuestos a trabajar por un pacto de Estado que libere a la educación de las luchas partidistas.