Apariencias cubanas

En América Latina, después de la II Guerra Mundial, se rescató la tradición constitucional europea, basada en el concepto de Estado de derecho. Sin embargo, es a partir de la recuperación democrática, en los años ochenta, cuando se aplicó ese acervo constitucional a través de una serie de tratados, resoluciones, cartas y declaraciones interamericanas, en las constituciones del continente.

Ese compromiso colectivo de definir las reglas de juego de la democracia se encuentra tanto en la Declaración de Santiago de Chile (1959) como en la Carta Democrática Interamericana, (2001). Ambos acuerdos señalan con claridad los elementos esenciales de la democracia que vinculan legalmente a los Estados de la OEA. La Declaración de Santiago es pertinente, además de su contenido, porque fue suscrita por el entonces canciller de Cuba, Raúl Roa, y por tanto ese país sigue comprometido con la misma por el hecho de que, a diferencia de Venezuela, nunca denunció la Carta de la OEA. En esa misma reunión de cancilleres se aprobó la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que Cuba también sigue formando parte. Dicha declaración está hoy más vigente que nunca, pues no sólo se refiere a la legitimidad de origen de la democracia a través de elecciones directas y libres, bajo un poder electoral autónomo, sino también a la legitimidad de ejercicio, basada en la separación e independencia de poderes, el respeto a los derechos individuales, el régimen plural de partidos y la libertad de información y expresión.

Díaz-Canel ha desaprovechado una inmejorable oportunidad para aproximarse al patrimonio democrático y constitucional latinoamericano

Por otro lado, la Carta Democrática vincula la democracia al concepto de Estado de derecho. Esta vinculación fue un intento de los países de enfrentar una nueva amenaza a la democracia que surgió en los años noventa, de Gobiernos elegidos democráticamente, como el de Alberto Fujimori en Perú. Estos Gobiernos, una vez en el poder, utilizan su mayoría circunstancial para desmontar el andamiaje institucional de la democracia.

El proyecto de Constitución cubana que se someterá a referendo hoy es una obra de ingeniería política y jurídica para aparentar reformas cuya aplicación seguirá controlada por el poder. El motivo por el que el actual Gobierno cubano se ha propuesto aprobar una nueva Constitución tiene que ver con la estrategia seguida en otros países del antiguo bloque comunista: la voluntad de legitimar cierta apertura económica necesaria para traer mayor inversión, evitando emprender reformas políticas de contenido democrático.

Respecto a los derechos y garantías, se trata de una Constitución ideológica, no de derecho, guiada por “el pensamiento de Marx, Engels, Lenin y Fidel”, en cuyo articulado se afirma que Cuba es un “Estado socialista” y que “el socialismo y el sistema político y social revolucionario son irrevocables”. Además, se establece que “la traición a la patria es el más grave de los crímenes y quien la comete está sujeto a las más severas sanciones”. De acuerdo con esta redacción, no es posible descartar que cualquier acto o declaración que viole “principios marxistas” constituya una ofensa punible con la prisión o incluso la muerte. Otra nota extraordinariamente singular es que “el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado”.

En resumidas cuentas, la nueva Constitución no se aparta de la retórica de una revolución inspirada en las instituciones políticas del comunismo soviético. Y no deja de ser curioso que algunas normas y principios del nuevo proyecto de Constitución de Cuba parezcan tomados de los Principios Fundamentales del franquismo. El régimen franquista, como el cubano, calificaba a sus principios de “permanentes e inmutables”.

Aunque en partes de su articulado la nueva Constitución de Cuba ofrece derechos similares a los de las constituciones liberales, sus contenidos son distintos, pues supeditan su ejercicio a los principios de un socialismo que se define fuera de la Constitución. Es en las leyes especiales y las complejas reglamentaciones e instituciones controladas por la Asamblea del Poder Popular y el Partido Comunista donde queda de manifiesto la ausencia de democracia en Cuba y su sustitución por un engranaje autoritario. La burocracia cubana de Díaz-Canel ha desaprovechado una inmejorable oportunidad para aproximarse al patrimonio democrático y constitucional latinoamericano, avanzando hacia una sociedad más abierta y plural.

El régimen de Fidel Castro tuvo la habilidad de adueñarse por muchos años de la cultura internacional y de las emociones que cautivaron a una generación. Hoy, el intento de mantener el enclaustramiento de la sociedad cubana en la prisión de una ideología arcaica que niega de raíz los derechos del individuo, demuestra que también aquella habilidad se ha desvanecido.

Jaime Aparicio Otero es expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA.