Cuestión europea

Ningún otro asunto es tan peligroso para el proyecto europeo como la inmigración mal gestionada, percibida exclusivamente como un problema o manipulada con fines electorales. La canciller alemana Angela Merkel, que hizo frente a una crisis migratoria importante, sostuvo el pasado mes de junio en el Bundestag que el futuro de la UE pasaba precisamente por resolver la gestión de las migraciones. Desde entonces, sin embargo, la división interna europea no ha hecho más que empeorar y ha llegado al debate político español. Más allá de cualquier consideración política, es indudable la gravedad de la catástrofe humana que se desarrolla en la frontera sur de Europa: según datos de la ONU, en 2018 murieron 1 de cada 51 personas que intentaron realizar la travesía a través del Mediterráneo, 2.275 fallecidos frente a 113.482 migrantes que alcanzaron las costas.

La gestión de las migraciones es un problema global que solo encontrará una solución a través de un pacto dentro de la UE. Todas las respuestas unilaterales serán malas y agrandarán las fracturas. Si las reglas que se aplicaban hasta ahora han quedado obsoletas, habrá que buscar otras; si mientras tanto hay países que incumplen sus obligaciones, no solo políticas, sino también humanitarias, será necesario buscar fórmulas para penalizarlos. Pero una media de seis muertos cada día en el mar es una cifra que va en contra de los valores que defiende la UE.

España, el país europeo que más llegadas por mar recibió en 2018, ha optado por asociarse con Francia y Alemania, que buscan fórmulas para penalizar en el próximo presupuesto a aquellos países que se saltan sus obligaciones. También apuesta por cooperar a largo plazo con Marruecos y otros países origen de esas migraciones porque lo único cierto es que el movimiento de los que huyen del hambre, el cambio climático o la violencia continuará en los próximos años. Para la UE, lo importante no debe ser por dónde llegan los migrantes sino la gestión global de esos movimientos y su destino final.

Lo justo de los argumentos que esgrime Pedro Sánchez en Bruselas no oculta que la gestión por parte de su Gobierno de esos rescates ha sido errática. Nada más llegar al poder, se acogió al Aquarius, en una operación considerada humanitaria. Sin embargo, ahora se mantienen en puerto dos barcos de ONG de rescate con pretextos administrativos endebles y se disponen a detener las patrullas activas de Salvamento Marítimo. Si el Gobierno no quiere responsabilizarse de náufragos que, según el derecho internacional, deberían ser llevados al puerto más cercano, en muchos casos italiano, y que están cerrados por decisión de Salvini, debería decirlo a las claras y defender su postura en la Unión, sin intentar ocultar su decisión y aceptando su amarga parte de responsabilidad en la tragedia del Mediterráneo porque los náufragos son náufragos y no pueden quedar abandonados en el mar.

Permitir operaciones humanitarias no significa renunciar a que la Unión Europea afronte unida los movimientos migratorios que proceden del norte de África. En absoluto. España tiene que seguir empujando para ayudar a construir la UE de la que hablaba Merkel, capaz de gestionar con eficacia y solidaridad un fenómeno que es imparable y que se si afronta con solidaridad, pero también con inteligencia y realismo, puede terminar proporcionando más ventajas que problemas.