Cierre nuclear a plazos

Una transición energética creíble hacia el 100% de suministro mediante las renovables exige contar durante un cierto periodo con energías firmes de respaldo para cubrir los vacíos de producción de la eólica o la solar. De ahí que la pretensión inicial del Gobierno de Sánchez de cerrar de forma drástica e inapelable las siete nucleares que operan en España, equivalente a una potencia de unos 7.000 megavatios, pareciese una opción doctrinal y poco realista. La propuesta que en estos momentos manejan el Gobierno y las empresas propietarias de las centrales se ajusta más a la necesidad de suministro creciente de electricidad. Se trata de establecer un cierre escalonado de los grupos nucleares a partir de 2025 y completar la cancelación total de la energía nuclear en torno a 2035. Esta propuesta equivale a prorrogar la vida útil de las centrales y a pactar con las eléctricas el volumen de inversión necesario para garantizar la seguridad de las instalaciones.

La propuesta de cierre escalonado presenta varias ventajas estratégicas decisivas que explican la mayor flexibilidad de las posiciones del Ministerio para la Transición Ecológica. La producción renovable tiene un problema básico de operatividad: no siempre hay sol y viento para producir los megavatios que necesita el país. Por eso es necesario contar con una producción firme de respaldo. El sistema eléctrico dispone de dos, la hidroeléctrica y la nuclear. Frente a la hidroeléctrica, la producción atómica tiene la ventaja inicial de su autonomía: no depende de la cantidad de lluvia ni del estado de los embalses.

La electricidad nuclear tiene un efecto importante sobre la formación de los precios del mercado. Las centrales nucleares presentan una oferta barata en todas las casaciones horarias, debido a los costes variables más bajos. De ahí que contribuyan a construir precios más bajos que, por ejemplo, el gas. Además, un cierre a plazos permitiría a Enresa, la empresa pública encargada del desmantelamiento de los grupos nucleares, gestionar con solvencia y seguridad el cierre de cada una de las plantas. Es dudoso que Enresa tenga capacidad para desnuclearizar siete grupos en un corto periodo de tiempo.

El cierre paulatino es una solución razonable para todas las partes. Permite al Gobierno salvar la cara con un cierre efectivo, aunque no sea relámpago; ofrece una salida al enfrentamiento público entre las empresas propietarias, divididas en cuanto a la rentabilidad de mantener la producción nuclear, y favorece que no haya tensiones de precios en el mercado mientras se completa la primera fase de la transición hacia las energías limpias. A la espera de conocer las condiciones de detalle del acuerdo —inversiones en seguridad, por ejemplo—, el cierre paulatino es una buena opción, política, económica y técnica.